Consulta Popular
Entre la soberanía, la justicia y la memoria ambiental, el país enfrenta decisiones que marcarán su rumbo el próximo 16 de noviembre de 2025.
Cuatro preguntas marcarán el destino de nuestro país, enfocadas en las siguientes temáticas: 1. Autorización para establecer bases militares extranjeras. 2. Eliminación de recursos a las organizaciones políticas. 3. Reducir el número de asambleístas. 4. Nueva Asamblea Constituyente
De ellas, la primera y la última son las que más conmueven el debate nacional.
Empecemos con el debate sobre la presencia de bases extranjeras en territorio ecuatoriano, particularmente en la isla Baltra (Galápagos). Este tema toca fibras sensibles de nuestra soberanía y del equilibrio ambiental de Galápagos, declarado Patrimonio Natural de la Humanidad por la UNESCO en 1978. La historia no se puede borrar, entre 1942 y 1946, Baltra fue utilizada como base de la Fuerza Aérea estadounidense durante la Segunda Guerra Mundial, con consecuencias tales como: contaminación, alteración de ecosistemas y daños en la fauna endémica.
Hoy, más de ochenta años después, la pregunta vuelve a sonar:
¿Qué tipo de cooperación necesita Ecuador sin ceder su autonomía ni comprometer su territorio más frágil?
Abriendo la puerta a una nueva dependencia geopolítica. Por ello, cualquier decisión sobre este tema debería sustentarse con un análisis técnico y datos sobre las ventajas y desventajas que hemos tenido al permitir la autorización de instalaciones de bases militares extranjeras en Ecuador tanto en Baltra como en Manta.
La última pregunta se enfoca en la posibilidad de llamar a una nueva Constituyente. Un tema tan recurrente en nuestra historia como la inestabilidad misma. Desde 1830, el Ecuador ha tenido más de veinte constituciones, un reflejo de que el problema no siempre está en las leyes, sino en quienes las escriben y las aplican.
Si bien la Constitución de 2008, vigente, introdujo avances en derechos sociales, participación ciudadana y reconocimiento de la naturaleza como sujeto de derechos, también dejó ciertos vacíos estructurales. Por ejemplo la independencia judicial y la politización del Consejo de la Judicatura. Sin embargo, son cambios que pueden realizarse desde la Asamblea sin la necesidad de una nueva constituyente.
Llamar a una nueva Constituyente podría ser costoso y riesgoso si no está guiada por la capacidad técnica y ética de sus miembros.
Más que cambiar el texto constitucional, más allá de hablar de pocos o muchos artículos en la Constitución lo ideal es el contenido, además de tener a gente preparada que sepa cómo interpretarla y aplicarla.
El país necesita cambiar la ética política. Las instituciones pueden rediseñarse mil veces, pero si quienes las ocupan carecen de integridad y preparación, la letra muere antes de hacerse ley.
Una nueva Constituyente solo tendría sentido si está integrada por representantes capaces, técnicos y comprometidos con la sociedad. De lo contrario, sería un ejercicio de gasto y frustración nacional.
El 16 de noviembre no solo elegiremos entre “sí” o “no”. Estaremos decidiendo el tipo de país que queremos construir. Por ello, antes de votar, informémonos. Cada decisión debe basarse en datos, en la historia reciente y en la comprensión de sus consecuencias.
Votar conscientemente es un acto de responsabilidad democrática. Solo un pueblo que conoce su pasado no repite errores. (O)
