Denuncian incumplimiento de la Ley del Adulto Mayor

En rueda de prensa, la concejal Anabell Pérez expuso los resultados del informe de fiscalización sobre el cumplimiento de la Ley Orgánica del Adulto Mayor en el cantón Ambato, normativa vigente desde el 2019 que garantiza derechos, entre ellos la exoneración de impuestos fiscales y municipales para personas mayores de 65 años. Pérez señaló que la ciudadanía exige el respeto a esta ley y la acción inmediata de las autoridades municipales.
La edil explicó que, tras un proceso de recolección y solicitud de información tanto a la ciudadanía como a la administración municipal, se evidenció un incumplimiento en la aplicación de dichas exoneraciones. Según el informe, el Municipio de Ambato respondió que no puede cuantificar los predios que pertenecen a adultos mayores, pese a que sostiene tener actualizado el catastro cantonal, y además reconoció no mantener convenio interinstitucional con el Registro Civil, lo que impide una identificación precisa de los beneficiarios.
Entre los datos recabados, la concejal detalló que el cobro de impuestos prediales a propiedades de adultos mayores alcanzó un millón 141 mil dólares en el 2019, un millón 200 mil el 2020, 730 mil en el 2021, 780 mil en el 2022, 792 mil en el 2023, 985 mil en el 2024 y un millón 176 mil en el 2025. “De manera personal he detectado que apenas 3.000 adultos mayores se benefician de estas exoneraciones, pese a que el universo es mucho mayor”, afirmó Pérez.
El informe fue remitido a la Contraloría General del Estado, que ha dispuesto el respectivo control a la Municipalidad de Ambato. Enrique Calvache, presidente de la Federación de Jubilados de Tungurahua, respaldó la gestión de la concejal, señalando que “no pedimos dádivas, exigimos el cumplimiento de una ley que nos ampara”.
Finalmente, Pérez anunció que se encuentra elaborando una ordenanza municipal para garantizar el cumplimiento efectivo de la Ley del Adulto Mayor y su tratamiento dentro del Concejo, con el propósito de proteger los derechos de las personas de la tercera edad y asegurar una gestión transparente y justa en el cobro de impuestos municipales.(I)
