Derrota interamericana para Glas
En un contexto de tensiones políticas y judiciales en Ecuador, la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH) emitió el 17 de octubre de 2025 una resolución sobre medidas provisionales en el caso de Jorge Glas Espinel, exvicepresidente condenado por corrupción. Esta decisión, que ha generado controversia, ordena al Estado ecuatoriano garantizar la vida, integridad y salud de Glas, permitiendo visitas familiares, acceso a médicos independientes y atención médica adecuada en la prisión de máxima seguridad La Roca (hace dos días, además, Glas fue trasladado a la nueva cárcel “El Encuentro”). Sin embargo, al rechazar las peticiones clave de su defensa —como el arresto domiciliario terapéutico, la internación hospitalaria urgente o el traslado a otro centro penitenciario— representa una clara pérdida para Glas, consolidando su reclusión en condiciones adversas.
Glas, quien cumple una pena unificada de ocho años por los casos Odebrecht y Sobornos 2012-2016, ha argumentado deterioro en su salud mental y física, incluyendo depresión severa y riesgos suicidas, agravados por el aislamiento en La Roca. Su equipo legal, respaldado por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), solicitó medidas más drásticas para mitigar estos riesgos, invocando estándares internacionales de derechos humanos. La Corte IDH reconoció la urgencia de proteger su integridad, exigiendo al gobierno de Daniel Noboa informes mensuales sobre el cumplimiento y evaluaciones médicas imparciales. No obstante, al denegar el cambio de régimen carcelario, el tribunal priorizó la soberanía estatal en materia penitenciaria, argumentando que no se demostraron riesgos inminentes que justificaran una intervención más invasiva.
Esta resolución es una derrota para Glas en varios frentes. Primero, perpetúa su estancia en una cárcel de alta seguridad, diseñada para reos de alto perfil, donde las condiciones —a pesar de las mejoras ordenadas— siguen siendo restrictivas. Segundo, debilita el correísmo, movimiento político al que Glas pertenece, que ha usado su caso para denunciar persecución judicial. Al no conceder el arresto domiciliario, la Corte IDH cierra una vía para su liberación condicional, fortaleciendo la narrativa del gobierno de que las condenas por corrupción deben cumplirse sin excepciones y rompiendo la retórica que ha pretendido instalar el correísmo, sin éxito, sobre el lawfare.
En el panorama regional, esta decisión resalta los límites de la justicia interamericana: protege derechos básicos, pero respeta la autonomía de los Estados en ejecuciones penales. Ecuador tiene un mes para informar avances, pero sin cambios estructurales, esta «victoria parcial» se traduce en una reafirmación de que aquellos que delinquieron en las arcas del Estado continuarán purgando sus penas en cárceles de máxima seguridad. (O)
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