Obras de arrastre tienen fundamentos 

El primer debate del proyecto definitivo del presupuesto del Gobierno Provincial de Tungurahua para el ejercicio del año 2026 se desarrolló en la sesión ordinaria, el pasado viernes 31 de octubre. El prefecto Manuel Caizabanda explicó los fundamentos legales que enmarcan su elaboración; así como, los detalles de retrasos y arrastres de las obras. 

“El proyecto está estructurado tomando en cuenta los artículos de la Constitución y Cootad que rigen a los gobiernos locales. También se basa en el plan de trabajo presentado en calidad de candidato a la Prefectura en el Consejo Nacional Electoral; así como, el Plan de Desarrollo y Ordenamiento Territorial; Agenda Tungurahua 2023-2030 mediante los parlamentos Agua, Gente y Trabajo. Además, cumple las competencias de los gobiernos provinciales”. 

De igual manera está estructurado tomando en consideración el modelo de equidad territorial que se basa en la extensión geográfica, población y demandas insatisfechas, cuyos recursos son establecidos por el Ministerio de Economía y Finanzas. 

Dijo que, el proyecto contiene los gastos corrientes e inversión; sobre todo, aclaró que el documento contiene obras de arrastre, “lo ideal sería que hasta el 31 de diciembre estén el cien por ciento ejecutado, pero no es posible, ¿por qué?. Primero, por los cambios constantes en la normativa de contratación pública, situación que va prolongado la ejecución de obras”.

Y, sigue, “también porque el año anterior se aprobó la normativa para el incremento del ancho de vías a nivel de la provincia; y, entendemos que como alcaldes y presidentes de los gobiernos parroquiales la tarea no es fácil en la difusión y ejecución”. 

A decir del prefecto, la tercera razón de las obras de arrastre se debe a las consecuencias de la pandemia; pues, se registraron recortes presupuestarios hasta el 30 por ciento para los gobiernos locales, “lo primero era la salud, la obra pública pasó a segundo lugar. El Gobierno por la emergencia tomó recursos del 2020, 2021 del modelo de equidad territorial. Y eso, no solo causó recorte también retrasos”. 

También considera otro factor, el retraso de las transferencias, “constitucionalmente los gobiernos locales deben recibir las asignaciones de forma automática mensualmente, pero no se ha recibido y para el 2025 se ha tenido recortes y retrasos de los años 2023, 2024 y en este 2025 solo se ha recibido hasta junio”. 

Y añade, “con esto no se puede cumplir las metas, objetivos y planificaciones en las competencias y concurrencias con las juntas parroquiales”. 

A esto se suma el problema del suministro de asfaltado para los trabajos viales; así como, la falta de recursos económicos en el Estado, situación que obligó a realizar transferencias mediante bonos, “proceso que se ha demorado hasta analizar con el Ministerio, Congope, BEDE y aprobar”. En este tema, el prefecto agradeció a los consejeros por la autorización respectiva para recibir bonos y cumplir con los protocolos administrativos para la ejecución de obras. (I)