El Subsidio al Diésel y los Derechos del Pueblo Afroecuatoriano
La eliminación del subsidio al diésel ha generado intensos debates en todos los sectores sociales. Sin embargo, es indispensable visibilizar la postura de los pueblos históricamente excluidos, como el pueblo afroecuatoriano, cuya voz ha sido sistemáticamente marginada en las decisiones de política económica nacional.
En las últimas semanas, ha sido evidente que el Ejecutivo ha concentrado sus esfuerzos en apaciguar las tensiones con sectores del movimiento indígena, enfocados en prevenir protestas y paralizaciones. Aunque este diálogo es necesario, no puede hacerse a costa de invisibilizar a otras poblaciones también afectadas por las decisiones económicas, como lo es el pueblo afroecuatoriano.
En este contexto, cabe preguntarse: ¿estaría el pueblo afroecuatoriano dispuesto a respaldar la eliminación del subsidio al diésel? La respuesta podría ser afirmativa, siempre y cuando se establezca una condición justa e irrenunciable: que los recursos liberados se destinen de forma directa, transparente y focalizada al diseño y ejecución de políticas públicas con enfoque afroreparador. Es decir, acciones que salden, al menos parcialmente, la deuda histórica acumulada por siglos de exclusión y racismo estructural.
La eliminación de subsidios no puede entenderse únicamente como una medida técnica o fiscal. Tiene un impacto directo en la vida de millones de personas, especialmente de aquellas en situación de pobreza que dependen del transporte público, los bienes de consumo y los servicios cuyo costo está vinculado al precio del diésel. Por ello, cualquier reforma que implique eliminar subsidios debe ir acompañada de un compromiso firme con la justicia social. Esto implica desarrollar políticas públicas que no solo busquen reducir la pobreza, sino que reconozcan explícitamente el racismo estructural y la discriminación como factores determinantes de las brechas existentes.
En el ámbito educativo, se requiere una política que contemple becas específicas, fortalecimiento de escuelas comunitarias y la incorporación de contenidos que valoren la historia, identidad y aportes del pueblo afroecuatoriano. En salud, urge mejorar la infraestructura médica en zonas afrodescendientes y garantizar servicios de calidad. En vivienda, es necesario impulsar programas de acceso justo a suelo urbano y rural, con soluciones habitacionales dignas. En empleo, se debe fomentar la contratación de personas afroecuatorianas y apoyar el emprendimiento mediante crédito, capacitación y acompañamiento técnico.
Además, estas políticas no pueden diseñarse desde el centro sin participación. El pueblo afroecuatoriano debe tener un rol activo en la toma de decisiones, a través de sus organizaciones, liderazgos territoriales y representantes políticos. No se trata solo de redistribuir recursos, sino de construir un modelo de desarrollo con enfoque de derechos, equidad y reparación.
En conclusión, el pueblo afroecuatoriano podría considerar viable la eliminación del subsidio al diésel si esta medida viene acompañada de un compromiso claro, verificable y sostenido con la reparación histórica. Esta no es una concesión: es un acto de justicia largamente postergado. En un país diverso y desigual como el nuestro, no puede haber reformas económicas sin justicia social. Y para el pueblo afroecuatoriano, la justicia comienza con el reconocimiento, la reparación y la inclusión real. (O)
