El derecho a la protesta
La protesta social es una de las expresiones más poderosas de una sociedad democrática. A través de ella, las personas hacen visibles sus demandas y denuncian injusticias. En el marco de los estándares internacionales de derechos humanos, la protesta no es un privilegio, sino un derecho fundamental que los Estados deben garantizar. Sin embargo, este derecho tiene sus límites y estándares que deben ser respetados.
Entre ellos, los más importantes son: que primero exista la presunción de legalidad, es decir que toda manifestación es legítima mientras sea pacífica. Asimismo, cualquier intervención estatal debe ser excepcional, estrictamente necesaria y proporcional.
Además, el discurso que se maneje dentro de la protesta debe promover el cambio por vías democráticas, sin alentar agresiones ni discriminación.
Respecto al ámbito legal, el derecho a la protesta se encuentra protegido principalmente a través del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos (PIDCP), la Convención Americana sobre Derechos Humanos (CADH), y la Declaración Universal de Derechos Humanos.
En muchos países, incluido el contexto latinoamericano, persisten prácticas contrarias a estos estándares: uso excesivo de la fuerza, detenciones arbitrarias, estigmatización de manifestantes y restricciones injustificadas.
En fin, el derecho a la protesta es un pilar de las sociedades democráticas y pluralistas. Su protección, bajo los estándares internacionales de derechos humanos, implica que los Estados deben garantizar espacios seguros y libres para la expresión ciudadana. Por su parte, quienes ejercen este derecho deben proteger los bienes y además permitir la libre circulación de ambulancias, para no generar una vulneración masiva hacia la ciudadanía además de proteger derechos de los grupos vulnerables. (O)
