Ajuste fiscal
Tal cual como se esperaba, los trasportistas ya comenzaron con los reclamos por la eliminación del subsidio al diésel, a pesar que en Carchi ya depusieron el paro, pero en Pichincha y otras provincias continúan con las medidas de hecho por lo que el gobierno ha tenido que salir de la capital y hacer gobierno desde la gobernación de Latacunga-Cotopaxi. Desconozco quienes sean los consejeros, asesores políticos y económicos del actual régimen para que el presidente esté gobernando desde Cotopaxi, siendo mal pensado parecería que fueron impuestos por la oposición, lo que demostraría la escasa capacidad política y administrativa de los actuales asesores, un gobierno serio y responsable no modifica su residencia por cada protesta; más bien, esto podría estar demostrando debilidad en sus frágiles estructuras políticas y, además, muy escasa capacidad negociadora de los integrantes en su entorno político administrativo.
Si bien es cierto el ajuste fiscal se debe al déficit acumulado durante más de una década sostenidos por subsidios y deuda, al eliminar es un gesto de seriedad ante organismos multilaterales como el FMI, que esta institución mundial podría entregar este mismo año un desembolso clave para estabilizar las finanzas públicas. Desde esa óptica, no solo es razonable: es inevitable. Además, el Ejecutivo ha ofrecido una compensación de hasta mil dólares para los transportistas, como un intento de aliviar el golpe en su economía. Pero mirando desde el otro lado los precios de los productos de primera necesidad empezaron a tener su incremento y hoy tienen mucho trabajo los Intendentes de Policía y tienen que hacer los controles en los mercados y tiendas de productos de primera necesidad para evitar las especulaciones igual se debería realizar el control de las carreras de taxi, de las carreras en camionetas etc. Lamentablemente el decreto llega en un momento delicado la popularidad presidencial va en descenso, según varias encuestas – se avecina una consulta popular clave para ratificar el rumbo del ejecutivo, en Ambato y Tungurahua de lo que se ha visto no ha habido protesta alguna, tampoco han dicho algo los radicales de siempre.
El Gobierno ha anunciado espacios de diálogo, un primer paso necesario. Pero si estas medidas no se implementan con rapidez, legitimidad y precisión, el riesgo de que el malestar escale es alto. El Ecuador ya vivió algunas crisis en el pasado por medidas similares. La violencia no resolvió nada y tampoco lo hará ahora. Lo que el país necesita es transparencia y responsabilidad. El ejecutivo debe explicar mejor en las mesas de diálogo cómo se aplicarán las compensaciones y cómo se protegerá a los más vulnerables. Y los sectores sociales deben exigir con firmeza, pero sin caer en la violencia. Lo que ocurra en los próximos días mostrará si somos capaces de enfrentar esta decisión con madurez o si repetimos los errores de siempre. (O)
