Intento número 21
El Ecuador parece destinado a refundarse cada cierto tiempo. Desde la independencia, se han redactado veinte constituciones y vamos por la vigésima primera. La aspiración de reconstruir la nación ha acompañado a cada proceso constituyente, pero en realidad, la improvisación ha superado el ideal de transformación verdadera. Los hechos demuestran que cambiar el papel no cambia la historia.
La Constitución de 2008, aprobada en Montecristi bajo el dominio del correísmo, fue presentada como un logro sin precedentes: una “constitución para 200 o 300 años” se decía. Han pasado 17 y el debate para convocar a una nueva Asamblea Constituyente está sobre la mesa. No es casual: ese texto dejó instituciones tan malhadadas como el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social, convertido en una fábrica de conflictos y una fuente de inestabilidad.
El procedimiento es claro: el Ejecutivo debe enviar la pregunta a la Corte Constitucional, esta debe calificarla, y luego, mediante referéndum, el pueblo decidir si convoca a una Constituyente. El problema no es tanto el proceso, sino quiénes integrarán ese nuevo órgano y bajo qué requisitos.
En 2008, se fijaron condiciones demasiado básicas: mayoría de edad, probidad notoria y, al menos, capacitación, experiencia o formación justificada. Parecía bueno, pero en la práctica permitió el ingreso de actores políticos sin la preparación ni la ética necesarias para redactar la ley más importante del país. Si hoy se repiten o se rebajan aún más esas exigencias, el riesgo es mayor. La nueva Constituyente podría llenarse de influencers, oportunistas, tránsfugas, tiktokers, cantantes, bailarines, políticos reciclados, gritones, camiseteros, vacunadores, diezmeros, dibujantes, ilusos, inocentes, fiesteros,… La receta ideal para cocinar el fracaso.
El momento político tampoco ayuda. El gobierno de Noboa enfrenta tensiones tras eliminar el subsidio al diésel, lo que podría desatar protestas sociales. En este contexto, una Constituyente corre el riesgo de convertirse en botín de intereses particulares y no en espacio de construcción nacional.
El fondo del problema no está en redactar la Constitución número 21, sino en garantizar que quienes la escriban tengan credenciales éticas, académicas y democráticas incuestionables. Si no se impone un filtro, terminaremos repitiendo la historia: un país refundado en los papeles, pero atrapado en la improvisación. Ecuador no necesita otro intento fallido. El país requiere más que un nuevo papel firmado, estadistas capaces de honrarlo. (O)
