Normativa educativa genera confusión nacional
La implementación de los nuevos lineamientos disciplinarios en el sistema educativo ecuatoriano ha despertado una ola de incertidumbre entre los docentes. Cristian Velóz, presidente nacional de la Asociación de Profesionales de la Educación del Ecuador, advirtió que existe una desinformación generalizada respecto al acuerdo ministerial.
Uno de los puntos más críticos radica en la autonomía que el Ministerio pretende otorgar a cada plantel para fijar sus propias reglas. Según el gremio, se ha delegado a las autoridades escolares la responsabilidad de normar aspectos complejos de la disciplina. Entre estos temas figuran el uso de dispositivos móviles, el aspecto personal de los alumnos y las relaciones interpersonales dentro de las aulas de clase.
Respecto al uso de celulares, Velóz aclaró que la normativa vigente es tajante para los niveles inferiores. Desde la educación inicial hasta el octavo año de básica, la prohibición de estos dispositivos es total y no ha sufrido variaciones. Para el bachillerato, el uso permanece condicionado exclusivamente a actividades académicas justificadas, siempre que la planificación pedagógica así lo requiera para el aprendizaje.
Sin embargo, la mayor preocupación técnica surge al intentar modificar los Códigos de Convivencia. Actualmente, estos documentos tienen un espíritu de armonía y participación, careciendo de un carácter punitivo. El dirigente explicó que, bajo el esquema legal presente, no es posible insertar sanciones directas en un texto que, por definición, no fue diseñado para castigar comportamientos estudiantiles.
Para que las instituciones puedan aplicar medidas disciplinarias sobre el uso de «piercings» u otros accesorios, el Ministerio debería reformar primero el reglamento general, según el docente.
Finalmente, el representante de los profesionales de la educación hizo un llamado urgente a las autoridades para instalar mesas técnicas de trabajo. Considera fundamental que los actores que están presentes en el territorio sean escuchados antes de emitir normativas que puedan resultar ambiguas. (I)
