Un principio romano olvidado
El pasado martes 28 de abril, el país volvió la mirada hacia la Corporación Nacional de Electricidad (CNEL). Un operativo ejecutado en sus dependencias destapó una presunta red de corrupción que habría operado durante más de once años dentro del sistema eléctrico ecuatoriano. La magnitud del caso exige respuestas claras.
Las intervenciones se realizaron en Guayas, Santa Elena y Azuay, a partir de presuntas irregularidades como la alteración de facturas a cambio de pagos indebidos y el uso de reclamos institucionales para evitar el cobro de planillas. El perjuicio estimado podría superar los 300 millones de dólares.
El fondo del caso es incuestionable: las irregularidades denunciadas deben investigarse con rigor. La corrupción no puede ser tolerada. Sin embargo, la forma en que se desarrollaron los allanamientos introduce una preocupación legítima. La exposición mediática del operativo ha desplazado la atención del problema central hacia su puesta en escena, generando más discusión sobre el cómo que sobre el qué. La forma eclipsando el fondo hace que una causa justa se debilite.
Los operativos corresponderían a una investigación reservada, cuya conducción compete a la Fiscalía. No obstante, la visibilidad recayó en el Ejecutivo. El presidente Noboa, junto a sus ministros, asumió el protagonismo, mientras el fiscal general encargado, Carlos Alarcón, permaneció en un plano secundario. Estas diligencias, convertidas en un acto de exhibición pública, hacen que la investigación pierda su carácter de reservada. Cabe preguntarse cuál fue el objetivo real de dicha exposición mediática.
En un Estado de derecho, el procedimiento corresponde a la Fiscalía. La presencia del jefe de Estado no solo resulta inusual, sino que proyecta una imagen de intromisión en funciones que no le competen.
La lucha contra la corrupción exige decisiones firmes, pero también respeto a la institucionalidad. Mezclar política y justicia no fortalece la democracia; la debilita. Cada función del Estado tiene un ámbito de acción. Cruzar esa frontera, incluso con buenas intenciones, erosiona la confianza de la ciudadanía.
El fondo de lo denunciado es grave; pero el procedimiento, cuestionable. No basta con combatir la corrupción; hay que cuidar las formas. El poder político en primer plano de un allanamiento pone en riesgo la independencia que debería sostener la justicia. Como recuerda un viejo principio romano: “la mujer del César no solo debe ser honesta, sino también parecerlo”. (O)
