Sustento técnico y legal de tasa de recolección de basura 

Representantes de la empresa pública encargada de la gestión integral de residuos sólidos en Ambato ofrecieron una rueda de prensa para explicar el sustento técnico, financiero y legal de la nueva metodología de cobro de la tasa de recolección de basura, aplicada desde finales del 2025.

Diego Reino, gerente, informó que el cambio del sistema de recaudación se originó tras la terminación anticipada del convenio que mantenía Gidsa con la Empresa Eléctrica para el cobro mediante la planilla de energía. Ante ello, fue necesario implementar un nuevo mecanismo que permita garantizar la continuidad del servicio.

Rechazó las declaraciones emitidas por la concejal Anabel Pérez, asegurando que la fórmula utilizada responde a estudios técnicos desarrollados desde el 2021 y revisados por la empresa,  cuyo objetivo fue diseñar un modelo tarifario acorde a la realidad operativa de Ambato.

Según la explicación, el cálculo de la tasa considera dos factores principales: los costos operativos y la producción per cápita de residuos. En 2025, la empresa destinó alrededor de 8.6 millones de dólares para cubrir barrido manual y mecánico, recolección, transporte y disposición final de 109 mil toneladas de basura, lo que representa un costo operativo de 78,59 dólares por tonelada.

Asimismo, se indicó que cada habitante de Ambato genera aproximadamente 0,8 kilos de basura diarios. Con base en estos datos y el promedio de cuatro integrantes por familia establecido en el último censo, se determinó que el costo real mensual para el sector residencial sería de 7,54 dólares; para el sector comercial, 12,73 dólares; y para el sector industrial, 21,21 dólares.

No obstante, la empresa aplicó una redistribución por rangos de consumo de agua potable para reducir el impacto económico en la ciudadanía. Actualmente, los valores parten desde dos dólares mensuales para usuarios con consumo entre 1 y 10 metros cúbicos de agua y 5,52 dólares para quienes consumen entre 11 y 25 metros cúbicos.

Informó que cerca de 130 mil usuarios cancelan mensualmente la tasa y que la cobertura del servicio alcanza el 96% del cantón, incluyendo parroquias rurales. Además, se destacó que en los últimos meses se han ampliado rutas de recolección, incrementado frecuencias de limpieza y colocado nuevos contenedores en varios sectores.

Respecto a la sostenibilidad financiera, se explicó que, pese al nuevo modelo de recaudación, la empresa aún mantiene un déficit cercano a 3,8 millones de dólares. Hasta abril de 2026 se han recaudado aproximadamente 2 millones de dólares y se proyecta cerrar el año con 4,8 millones, cifra superior a los 4,2 millones que se habrían obtenido con el sistema anterior.

Por su parte, el abogado, Julio Arias, funcionario público con más de 25 años de trayectoria en la Municipalidad de Ambato y actual procurador jurídico en comisión de servicios, defendió la legalidad del cobro de la tasa de recolección de basura y cuestionó las declaraciones de una concejala que anunció acciones ante la Contraloría para suspender dicho cobro.

Arias calificó como “show político” las afirmaciones realizadas sobre una supuesta falta de seguridad jurídica en torno a la tasa municipal. Explicó que la Constitución, en su artículo 82, establece que la seguridad jurídica se basa en la existencia de normas previas, claras y públicas aplicadas por autoridades competentes.

Según el jurista, la tasa fue creada mediante ordenanza municipal y responde a la necesidad de financiar un servicio público esencial como la recolección de desechos sólidos. Además, recordó que el Código Tributario y las normas de finanzas públicas respaldan el cobro de tasas para garantizar la sostenibilidad de los servicios.

Arias enfatizó que la Contraloría General del Estado no tiene facultades para suspender ni derogar ordenanzas municipales, por lo que aseguró que la vía correcta sería una acción de inconstitucionalidad o una demanda de nulidad por ilegalidad.

Finalmente, advirtió que suspender el cobro de la tasa podría afectar gravemente la prestación del servicio de recolección de basura e incluso derivar en responsabilidades legales por obstaculizar un servicio público. Por ello, pidió a la ciudadanía no dejarse llevar por “plataformas políticas” y confiar en el sustento técnico y jurídico de la ordenanza vigente. (I)