La SENAIN y vulneración de derechos / Gabriel Morales Villagómez
En septiembre del 2009, con la expedición de la Ley de Seguridad Pública del Estado, se eliminaron las labores de inteligencia a cargo de las Fuerzas Armadas y de la Policía Nacional y se creó en su reemplazo la Secretaría Nacional de Inteligencia SENAIN.
Esta Secretaría debía garantizar a los ecuatorianos seguridad integral, una convivencia pacífica, asegurando la defensa de la soberanía nacional, previniendo los riesgos y amenazas de todo orden, a través de un Sistema de Seguridad Pública del Estado.
Increíblemente, uno de los objetivos al crease la SENAIN fue el garantizar el derecho a vivir en una sociedad democrática, libre de corrupción, minimizar la condición de vulnerabilidad de los ciudadanos; garantizar la seguridad humana y prevenir todas las formas de violencia y discriminación.
Más en la práctica, como todas las demás instituciones democráticas del Estado, la SENAIN pasó a ser otra dependencia controlada directamente y al servicio personal del ex presidente de la República Rafael Correa, quien la convirtió en una policía secreta para espiar y perseguir a los políticos opositores. Con estos fines se habrían gastado y despilfarrado nada más que la “módica suma de 330 millones de dólares.
La SENAIN vulneró los derechos de los ciudadanos y se convirtió en un instrumento de persecución y de espionaje político.
Paradójicamente, mientras realizaban vigilancias, seguimientos e interceptación de llamadas y de comunicaciones a los opositores, periodistas y activistas políticos, jamás pudieron detectar y prevenir toda la corrupción rampante, que se desentrañaba desde el propio gobierno y además descuidaron las labores de inteligencia y contrainteligencia que tenían la obligación de hacer para prevenir y luchar en contra de traficantes de drogas y disidentes de las FARC de Colombia.
Destrozaron los aparatos de inteligencia de las Fuerzas Armadas y de la Policía y al reemplazarlos por la SENAIN, permitiendo la presencia de grupos terroristas y de la delincuencia organizada que permea en la frontera con Colombia y que ahora mismo nos causan tanto dolor y preocupación.
El Presidente Lenin Moreno ha manifestado que procederá a desaparecer esta Secretaría, pero antes de cerrarla deberá investigarse a fondo el uso de los recursos públicos; proteger toda la documentación e información procesada en estos últimos años, para conocer de qué forma, cuándo, mediante qué instrumentos y con qué fines se procedió a infiltrar teléfonos, correos y a perseguir a los opositores, a fin de que se judicialice y procese penalmente a los responsables de la vulneración de derechos y garantías constitucionales de los ciudadanos y puedan ser condenados por todos los delitos cometidos.
La Constitución de la República garantiza y protege los datos de carácter personal de los ciudadanos. La recolección, archivo, procesamiento, distribución o difusión de datos o información requieren de la autorización del titular de la información o de la orden de un juez competente.
El Código Orgánico Integral Penal, establece que quienes en provecho propio o de un tercero, revele información registrada, contenida en ficheros, archivos, bases de datos o medios semejantes, a través o dirigidas a un sistema electrónico, informático, telemático o de telecomunicaciones; materializando voluntaria e intencionalmente la violación del secreto, la intimidad, y la privacidad de las personas, será sancionada con pena privativa de libertad de uno a tres años. (O)
