La comunidad internacional en el siglo XXI

Columnistas, Opinión

Ahora, en el año 2026, deseamos que todo mejore y que lo negativo cambie; que lo oscuro se transforme en luz y que nuestros gobernantes empiecen, por fin, a comprender la imperiosa necesidad de pensar en lo colectivo antes que en intereses particulares o en un supuesto “bien común” que, en muchos casos, solo beneficia a unos pocos.

En la revista internacional Glamour se declaró a nueve travestis (hombres que eligieron ser mujeres) como las mujeres más influyentes del año 2025. Este hecho, más allá del debate identitario, expone una paradoja profunda: un sistema históricamente machista que parece burlarse de las mujeres al sugerir, entre líneas, que incluso hombres —aun después de transicionar— pueden ser considerados más influyentes que mujeres que nacieron mujeres y que han luchado durante décadas por espacios de reconocimiento, poder y liderazgo.

Posteriormente, apenas iniciado el 2026 —año que energéticamente representa un ciclo uno, un nuevo comienzo dentro de un proceso de nueve años— observamos cómo Donald Trump, presidente de los Estados Unidos, decide atravesar de manera contundente prácticamente todos los principios del Derecho Internacional al anunciar su intención de intervenir en la ya golpeada Venezuela. Resulta paradójico que este país, hoy sumido en una profunda crisis social y política, sea al mismo tiempo uno de los territorios con mayores recursos naturales de América Latina y uno de los principales productores de petróleo a nivel mundial.

El Derecho Internacional, al no ser coercitivo u obligatorio, se sostiene principalmente en dos principios fundamentales: la autodeterminación de los pueblos y la no injerencia en los asuntos internos de otros Estados. Esto implica que cada país tiene la facultad soberana de decidir su forma de gobernanza. Históricamente, la comunidad internacional ha sido incapaz de intervenir eficazmente incluso frente a dictaduras atroces, violaciones sistemáticas de derechos humanos o tragedias ambientales de gran magnitud. Ni siquiera en nombre de la protección de la naturaleza —un tema hoy ampliamente discutido— se ha logrado obligar a un Estado a actuar, aun cuando dichas acciones podrían mejorar la calidad de vida humana y preservar el equilibrio del planeta.

Trump, quien pese a todo ha impulsado algunas políticas consideradas acertadas —como la prohibición de la vacunación en niños menores de cuatro años en Florida, retirar a su país de la Organización Mundial de la Salud dentro de sus altas inversiones generar la promoción de estudios científicos sobre la posible relación entre el autismo, ciertas vacunas y el uso excesivo de paracetamol como paliativo masivo—, decide ahora capturar a Nicolás Maduro, presidente de Venezuela, acusándolo de cargos relacionados con narcotráfico, posesión de armas y otros delitos graves que podrían derivar incluso en una condena de cadena perpetua en Estados Unidos.

Ante este escenario surge una pregunta inevitable: ¿qué dice la comunidad internacional frente a estos hechos? ¿Dónde están los organismos internacionales de derechos humanos? ¿Dónde están los líderes de opinión, los influencers y sus discursos moralizantes, tan activos para opinar sobre ciertos temas y tan silenciosos frente a otros de igual o mayor gravedad?

Independientemente de que se esté o no de acuerdo con el carácter autoritario del mandato de Nicolás Maduro, lo que hoy ocurre a nivel internacional deja una reflexión profunda e ineludible.

Lo que estamos presenciando no es un hecho aislado ni una simple coyuntura política, sino el reflejo de una comunidad internacional fragmentada, selectiva y profundamente contradictoria. Queda en evidencia que los principios del Derecho Internacional parecen aplicarse según conveniencias geopolíticas y no como normas universales destinadas a proteger verdaderamente a los pueblos. La cuestión ya no se limita a quién gobierna o cómo gobierna, sino a quién posee el poder real de decidir sobre otros Estados y bajo qué justificación moral, legal o mediática. Si el siglo XXI aspira a consolidarse como una era de conciencia colectiva, justicia y respeto, la comunidad internacional debe mirarse al espejo con honestidad y asumir que el verdadero desafío no está en intervenir arbitrariamente, sino en actuar con coherencia, ética y responsabilidad histórica frente al mundo que afirma querer construir. (O)

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