Exigen revisión tarifaria y reclaman falta de diálogo

La revisión de las tarifas del transporte urbano, rural y taxi volvió a generar tensión en Ambato durante un receso de la sesión del Concejo Cantonal, donde dirigentes del sector transportista y representantes sociales expusieron sus preocupaciones por la falta de una respuesta definitiva a un pedido que, según señalaron, lleva más de una década sin ser atendido.

Galo Villamarín, procurador síndico del transporte urbano y rural, recordó que durante 11 años las tarifas de los pasajes no han sido revisadas, pese a que la Ley Orgánica de Transporte Terrestre establece que este proceso debe realizarse cada dos años. Indicó que tres administraciones municipales han pasado sin cumplir esta competencia y destacó que, en ese mismo período, el costo del diésel se incrementó en un 201%.

El dirigente lamentó que una socialización prevista para abordar el tema haya sido suspendida por actividades relacionadas con la rendición de cuentas de la alcaldesa. Aseguró que el sector ha buscado espacios de diálogo para exponer su situación, pero no ha encontrado apertura. Criticó que el último debate sobre la tarifa tuvo un enfoque político y electoral, dejando de lado el análisis técnico de las necesidades del transporte.

Villamarín también pidió disculpas a la ciudadanía por las medidas de racionalización adoptadas recientemente, señalando que estas fueron consecuencia de la falta de atención de las autoridades y que inicialmente se buscó coordinarlas con el Municipio.

Durante la intervención ciudadana, Damián Punina, presidente del Movimiento Indígena y Campesino de Tungurahua, manifestó que el análisis debe considerar las realidades de la población urbana y rural, así como las diferencias entre frecuencias y recorridos. Cuestionó que el tema se politice y pidió la conformación de una mesa técnica con participación de todos los sectores involucrados.

Por su parte, Fredy Pérez, representante del transporte rural, sostuvo que el incremento de costos operativos, especialmente del combustible y mantenimiento vehicular, ha vuelto insostenible la actividad. Añadió que la migración de usuarios hacia la ciudad ha reducido considerablemente la demanda en las rutas rurales.

Carlos Medina, de Vía Flores, solicitó a la alcaldesa fijar una fecha para la socialización del proyecto de ordenanza, mientras que Washington Núñez, de la Unión Ambateña, enfatizó que el pedido responde a una necesidad económica y no a intereses políticos. Recordó además las inversiones realizadas por las operadoras para renovar sus unidades y mejorar el servicio.

Héctor López, de Jerpazsol, señaló que el problema viene desde administraciones anteriores y aseguró que los estudios técnicos realizados han sido archivados sin resultados concretos. Indicó que los costos diarios de operación superan los 120 dólares entre combustible y pago de conductores.

La dirigente Mónica Morales destacó la difícil situación económica que enfrentan los socios de las cooperativas, muchos de ellos endeudados tras invertir en nuevas unidades. Afirmó que la realidad del transporte es compleja y pidió que las autoridades conozcan de cerca las condiciones en las que trabajan los operadores.

Desde el ámbito técnico, Juan Tenorio, director de Movilidad, aseguró que la dependencia municipal ha cumplido con todos los procedimientos e informes requeridos, señalando que Ambato es el único cantón que cuenta con estudios completos para las tres modalidades de transporte.

La concejal Eliana Rivera expresó preocupación por los planteamientos realizados por los transportistas y pidió que la administración municipal impulse los procesos de socialización antes de someter el tema a debate en el Concejo. En tanto, el concejal Rumiñahui Lligalo, presidente de la Comisión de Tránsito, defendió el trabajo realizado por la comisión y afirmó que el proyecto de ordenanza contempla no solo la revisión tarifaria, sino también aspectos como tarifa preferencial, boleto social, caja común y mejoras obligatorias en el servicio.

Finalmente, la alcaldesa Diana Caiza anunció que el tema sería tratado en un plazo de siete días; sin embargo, la propuesta no fue aceptada por los transportistas, quienes insistieron en la necesidad de establecer de manera inmediata una mesa de diálogo que permita alcanzar acuerdos y una solución definitiva a la problemática. (I)