Día de la Justicia Social 

Cada 20 de febrero, recordamos el Día Mundial de la Justicia Social. Pero en 2026, la conmemoración, bajo el lema “Compromiso renovado con el desarrollo social y la justicia social”, adquiere un tinte diferente, el dejar de lado las declaraciones políticas y empezar con acciones efectivas para un objetivo tangible en busca de la equidad.

Como abogada en Derechos Humanos, la fecha invita a analizar y mirar los termómetros que miden nuestras democracias y el cumplimiento de los pactos internacionales, así como su efectividad y contundencia. 

Debemos partir de la premisa, de que la justicia social es el cimiento de la paz, la seguridad y el respeto por las libertades fundamentales; tal como lo reconoció la Asamblea General de la ONU al instituir este día.

La información oficial de las Naciones Unidas para este 2026 nos sitúa en una encrucijada. Por un lado, se reconocen avances en la reducción de la pobreza en algunos países. Por otro, se evidencia con  alarmante decepción que persisten desigualdades estructurales, precariedad laboral y una fuerte brecha de género en muchos más países. El problema ya no es solo diagnosticar el problema o situación de desigualdad, sino el  actuar y ejecutar soluciones precisas e integrales, diseñadas conforme cada realidad focalizada demanda.

La Cumbre de Doha y la Declaración Política nos dejaron una hoja de ruta clara: el trabajo decente y la protección social universal son los pilares de un desarrollo que no deje a nadie atrás.

¿Qué significa esto desde una perspectiva de derechos?

Significa que el derecho al trabajo no puede limitarse a una estadística de ocupación. Exige salarios dignos e instituciones laborales sólidas que protejan al trabajador. Significa que la transición hacia economías digitales y verdes, de la que tanto se habla, debe ser equilibrada, equitativa, prudente e inclusiva. No podemos permitir que las nuevas tecnologías o la lucha contra el cambio climático profundicen las exclusiones existentes. Deben ser, por el contrario, vehículos para formalizar la economía y crear oportunidades, especialmente para los jóvenes y las mujeres.

El «compromiso renovado» que pide la ONU debe implicar, necesariamente, políticas coordinadas que integren lo social en las estrategias macroeconómicas. No sirve de nada un crecimiento del PIB si este se construye sobre la precariedad laboral o la degradación ambiental. La justicia social es el eje que conecta todos los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS).

Considero que, en nuestra sociedad,  la falta de justicia social se traduce en vulneración de derechos sistemática: familias sin acceso a una protección social básica, a trabajadores informales sin ninguna protección legal, a mujeres discriminadas sistemáticamente, a un acceso a la salud y la educación limitados y deficientes, a jubilados olvidados, entre otros casos. Por eso, este 20 de febrero debe ser más que un día de reflexión. Debe ser un día para exigir a los Estados, pero también a las organizaciones internacionales, a los empleadores y a la sociedad civil, que materialicen los compromisos en acciones reales.

La Declaración de la OIT de 2008 sobre la justicia social para una globalización equitativa nos dio la brújula. Ahora en 2026 nos toca navegar con ella, asegurándonos de que las transiciones demográfica, tecnológica y climática tengan un claro norte de equidad y solidaridad. Porque sin justicia social, no hay derechos humanos plenos. Y sin derechos de los ciudadanos  y el  respeto a los mismos por el Estado, simplemente no existirá paz. (O)