Defensa municipal en caso fotorradares

Ciudad

El funcionamiento del fotorradar de la avenida Bolivariana genera polémica y reclamos por parte de varios sectores ciudadanos. (Foto El Heraldo)

Mañana estará en Quevedo el alcalde de Ambato, Javier Altamirano, para sustentar la apelación frente al dictamen de una juez de esa ciudad por el caso fotorradares.

Esa decisión judicial permitiría el cobro de 362 mil foto-multas que generarían alrededor de 60 millones de dólares, lo cual afectaría a sinnúmero de ciudadano no solo de Ambato, sino del resto del país que circuló a partir de enero de 2020 por la avenida Bolivariana y Aníbal Granja, donde está instalado el dispositivo.

El alcalde Javier Altamirano, en rueda de prensa, indicó que en contra del Municipio de Ambato se presentó una acción de protección y cuya sentencia favoreció a la empresa concesionaria a pesar que no tenía la autorización para que encienda el fotorradar.

Resaltó que desde el 10 de agosto de este año el cabildo tiene la competencia sobre la avenida Bolivariana, ya que antes era responsabilidad del Ministerio de Transporte y Obras Públicas.

Anunció que la entidad pública promoverá todas las acciones para frenar esta ilegalidad y revisará nuevamente las condiciones del contrato para detectar posibles incumplimientos.

A decir de la concejal María José López si el fallo no resulta favorable al cabildo ambateño en la Corte Provincial de Los Ríos, el Municipio tendría que presentar una acción extraordinaria de protección en la Corte Constitucional en contra de la concesionaria.

En tanto, los transportistas arribaron a la Municipalidad, antier, para extender su apoyo a la primera autoridad de la ciudad y solicitarle que tome las medidas pertinentes e impedir que se cobren las fotomultas.

Al mismo tiempo, visitaron al director del Consejo de la Judicatura de Tungurahua, René Carranza, para poner de manifiesto su inconformidad por el fallo que se dio en Quevedo.

Para la edil Diana Caiza el dictamen judicial causa una gran afectación en contra de la colectividad, por lo cual desde el comienzo de su labor pidió la nulidad del contrato, pero no se actuó de forma oportuna.

“Como concejales apoyaremos para que se realice alguna situación judicial y se dé de baja el contrato”, enfatizó.

A través de un comunicado de prensa, el edil Robinson Loaiza, anunció una defensa por los derechos e intereses de la población con la participación de los profesionales del Derecho, Santiago Alvarado y Luis Ávila. Este respaldo jurídico será de manera gratuita. (I)

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