Analizan Protección de Derechos
El proyecto de Ordenanza del Sistema de Protección de Derechos Integrales de Tungurahua ingresó a su revisión en la sesión ordinaria del Consejo Provincial, ayer.
Los consejeros realizaron algunas observaciones y decidieron dar por conocido y enviar el documento a la Comisión de Legislación para su revisión e informe con miras a la aprobación en segunda y definitiva instancia.
La viceprefecta Saida Haig indicó que la ordenanza está diseñada con el propósito de fortalecer la articulación interinstitucional, porque en “Tungurahua no hay interrelación y se quiere articular todo el trabajo”. A decir de Gabriel Ortiz, el marco normativo tendría incidencia en los grupos vulnerables: Niños y adolescentes, adultos mayores, personas con discapacidad, género y movilidad humana.
La ordenanza sería instrumento legal de aplicación general y de observancia obligatoria para Tungurahua, rige para la promoción del Sistema Territorial Integral de Protección de Derechos de la provincia, y el correspondiente seguimiento de las medidas políticas, administrativas, económicas, legislativas, sociales y jurídicas que sean necesarias para la vigencia, ejercicio efectivo, garantía, protección y exigibilidad de la totalidad de los derechos de los grupos de atención prioritaria, que se implementen en el ámbito cantonal y parroquial, en cumplimiento de las competencias asignadas para cada organismo de conformidad con los enfoques: Género, Intergeneracional, Étnico, Discapacidades y Movilidad Humana.
Para el alcalde de Baños, Luis Silva, exteriorizó su preocupación por la necesidad de identificar con claridad las acciones para evitar que las normativas queden solo en enunciados y haya más burocracia. El prefecto dijo que es importante la inclusión de la Diócesis de Ambato para coordinar acciones.
La ordenanza tiene ocho objetivos, entre los cuales se cita: Garantizar el ejercicio de los derechos consagrados en la Constitución y en los instrumentos internacionales, en el ámbito de las competencias asignadas a cada organismo; así como, promover la implementación de políticas públicas sobre las áreas temáticas de la Agenda de Igualdad. (I)
