La edad del sicariato
El atentado en el aeropuerto de Guayaquil el miércoles anterior provocó asombro por el lugar, el objetivo y los responsables señalados en las primeras actuaciones policiales: dos menores de edad.
De acuerdo con información inicial, la víctima fue identificada como un presunto cabecilla de la organización criminal Los Águilas, quien regresaba al país “como Pedro por su casa”. Sin embargo, otro dato perturbador es comprobar que la delincuencia organizada ha logrado incorporar adolescentes a sus operaciones.
Con frecuencia, en este tipo de hechos, la atención se concentra en quien ejecuta el delito. Pero la cuestión decisiva es otra: ¿quién dio la orden? Detrás de los adolescentes existe un grupo integrado por adultos que planifican, financian y dirigen la violencia.
El ataque se produjo en uno de los espacios más vigilados del país. Si los criminales tienen la capacidad de actuar en el aeropuerto, ¿qué lugar queda fuera de su alcance? Ya no existen zonas seguras, sino distintos grados de vulnerabilidad.
El crimen organizado descubrió hace tiempo que los menores de edad son más fáciles de captar y manipular, y que además enfrentan sanciones distintas a las de los adultos. Por ello, aparecen cada vez con mayor frecuencia como extorsionadores, distribuidores de sustancias ilícitas, campaneros o sicarios.
Las cifras reflejan una realidad alarmante. Entre 2022 y junio de 2025 fueron aprehendidos más de ocho mil menores por diversos delitos. A ello se suman las recientes denuncias sobre reclutamiento de estudiantes en instituciones educativas de la otrora pacífica ciudad de Latacunga. Las bandas ya no disputan únicamente territorios; también se juegan el presente y futuro de un número indeterminado de jóvenes.
Frente a esta realidad, muchos proponen reducir la edad para juzgar determinados delitos. El debate es legítimo y no debe descartarse. Quien asesina, secuestra o participa conscientemente en delitos graves debe responder por sus actos. No obstante, el problema no se resolverá únicamente endureciendo las penas. La cárcel llega cuando el fracaso social está consumdo. Mucho antes debieron llegar la escuela, el deporte, la cultura, la familia, el trabajo y las oportunidades. Aquí se libra la verdadera batalla.
El Ecuador enfrenta una tragedia silenciosa. Si no como sociedad no somos capaces de prevenir la delincuencia infantojuvenil, ninguna reforma legal será suficiente. El problema no solo es la violencia descontrolada, sino la pérdida de una generación entera.
