¿Quién paga la factura de 470 años de cadenas?
Por décadas, el pueblo afroecuatoriano ha peregrinado incansablemente por los pasillos del Palacio de Carondelet, las curules de la Asamblea y los ministerios. Generación tras generación, han golpeado las puertas del poder exigiendo lo que por derecho y justicia histórica les corresponde: reparaciones. La respuesta sistemática de los gobernantes ha sido el portazo burocrático o la acusación cobarde de «resentimiento social» “Qué corona tienen”
Es hora de quitarle las máscaras a la historia oficial. Ecuador se fundó y enriqueció sobre una deuda de sangre, sudor y deshumanización que nadie ha querido liquidar. Durante más de 470 años, la maquinaria económica colonial y republicana funcionó gracias al despojo absoluto de miles de seres humanos, cuyos cuerpos fueron tratados como mercancía e intercambiados al antojo de los hacendados.
No hubo paga ni trato humano; hubo una explotación brutal en cultivos y minas que edificó las grandes haciendas y fortunas que hoy sostienen los apellidos de abolengo de las élites del país. A cambio de construir los cimientos económicos de la nación, el pueblo afrodescendiente solo recibió el intento de borrar su cultura, su lengua y su humanidad.
Frente a este panorama, la pregunta que incomoda al poder es firme: ¿Quién debe pagar por este proceso de esclavización y sus secuelas de racismo estructural?
La respuesta es inequívoca: el Estado ecuatoriano. Las instituciones públicas actuales son las herederas jurídicas y económicas de las estructuras que legalizaron, protegieron y se beneficiaron de la trata y la servidumbre. El Estado no puede lavarse las manos bajo el pretexto de que «eso pasó hace siglos». Las fortunas acumuladas entonces determinan la desigualdad de ahora; la falta de infraestructura en los territorios ancestrales hoy es la consecuencia directa del abandono de ayer.
Exigir reparación económica, territorial, educativa y cultural no es un acto de mendicidad ni de rencor; es un ejercicio de estricta justicia patrimonial. Si el Estado es ágil para rescatar instituciones financieras y asumir deudas privadas de los sectores más pudientes, tiene la obligación moral y legal de asumir la deuda histórica más antigua del país.
Archivar estos proyectos ya no es solo negligencia, es la continuación sutil de la misma violencia colonial. El Ecuador plurinacional seguirá siendo una farsa mientras se construya sobre el despojo. La factura de la historia está sobre la mesa, y es hora de que el Estado comience a pagar. (O)
