Ratifican legalidad de compensación económica

El procurador síndico de la Municipalidad de Ambato, Mario Aguilar, defendió la legalidad de la propuesta de resolución que busca otorgar una compensación económica al transporte público urbano, asegurando que la medida se encuentra respaldada por la Constitución, la ley y la normativa municipal vigente.

Durante una rueda de prensa, Aguilar explicó que el proyecto no constituye un subsidio, sino una compensación destinada a evitar un incremento en las tarifas del transporte y proteger la economía de los ciudadanos, especialmente de los grupos de atención prioritaria y de menores recursos económicos.

El funcionario señaló que la Constitución reconoce a los municipios la facultad de regular asuntos específicos mediante resoluciones, mientras que el Código Orgánico de Organización Territorial (COOTAD) establece la diferencia entre ordenanzas, de carácter general y permanente, y resoluciones, que atienden situaciones concretas y de corto plazo.

Aguilar recordó que durante el debate de la ordenanza tarifaria varios concejales plantearon la necesidad de apoyar económicamente al sector transportista. Sin embargo, aclaró que la normativa impide subsidiar directamente con recursos municipales, aunque sí permite mecanismos de compensación conforme a las disposiciones legales vigentes.

Según explicó, la propuesta busca mantener el equilibrio entre la sostenibilidad financiera de las operadoras de transporte y la protección del bolsillo de los usuarios. “Lo que se pretende es evitar que el impacto de los costos operativos se traslade directamente a la ciudadanía mediante un aumento del pasaje”, manifestó.

Como parte del proceso, el Municipio prepara una consulta formal a la Procuraduría General del Estado para obtener un pronunciamiento jurídico que fortalezca el sustento legal de la iniciativa. Aguilar indicó que el informe jurídico requerido ya fue elaborado y se encontraba en revisión para su posterior envío.

El procurador también rechazó los cuestionamientos sobre una posible responsabilidad penal de las autoridades en caso de aprobar la compensación. Afirmó que no existe desviación de fondos ni beneficio particular alguno, sino una redistribución de recursos públicos orientada a garantizar un servicio esencial y preservar la estabilidad social.

En cuanto al financiamiento, explicó que existen recursos presupuestados para la devolución que no serían utilizados en su totalidad durante el presente ejercicio fiscal. Estos valores podrían ser reasignados legalmente para cubrir la compensación, siempre respetando las normas de administración financiera del sector público.

Finalmente, Aguilar destacó que el objetivo de la administración municipal es mantener la paz social, fortalecer el servicio de transporte público y encontrar una solución equilibrada que beneficie tanto a los transportistas como a los usuarios del sistema. (I)