Conectados a la incertidumbre

El pasado 21 de mayo se informó que la central hidroeléctrica Coca Codo Sinclair presentaba afectaciones temporales debido al incremento extraordinario de sedimentos provocado por la crecida de los ríos que abastecen la planta. La noticia tomó por sorpresa a los ciudadanos y volvió a despertar el temor de los apagones.
Preocupa no únicamente la posibilidad de nuevos cortes de energía, sino la certeza de vivir en un país atrapado en la improvisación.
Después de los episodios sufridos durante los dos últimos años, hubo tiempo suficiente para comprender que el sistema eléctrico nacional es vulnerable y que depender casi exclusivamente de las condiciones climáticas representa un enorme riesgo. Sin embargo, poco o nada se ha hecho para cambiar esta realidad.
La verdad incómoda: seguimos dependiendo de las lluvias, de los ríos y de la buena voluntad de un gobierno vecino. Tampoco existe claridad sobre nuevos proyectos de generación que permitan diversificar la matriz energética en el mediano y largo plazo. Construir infraestructura eléctrica toma años; precisamente por eso, la planificación debía empezar hace mucho tiempo. Pero no ocurrió.
La dependencia energética respecto de Colombia vuelve la situación aún más delicada. En medio de las tensiones diplomáticas y comerciales entre ambos países, el presidente Gustavo Petro ya anticipó que no vendería energía eléctrica al Ecuador. El problema deja entonces de ser únicamente técnico o climático y adquiere también una dimensión política.
Al mismo tiempo, sigue en desarrollo el denominado “Caso Apagón”, en el que la Fiscalía investiga un presunto delito relacionado con contratos firmados por Celec con la empresa Progen por cerca de 149 millones de dólares. Entre los procesados figura incluso el exministro Antonio Goncalves. Las acusaciones son graves: generadores adquiridos a destiempo, equipos usados o incompatibles y millonarios perjuicios económicos en medio de una crisis energética nacional. La combinación resulta explosiva: falta de planificación e indicios de corrupción.
El país habría pagado millones por soluciones improvisadas que nunca resolvieron el problema de fondo. En estas circunstancias se necesita liderazgo y una política energética seria, técnica y sostenida en el tiempo. El Ecuador no puede continuar viviendo entre apagones, improvisaciones y escándalos de corrupción. La energía eléctrica es un asunto estratégico y no un problema que se resuelve con medidas de última hora. Falta de planificación y sobrada improvisación, dan como resultado inevitable, estar conectados a la incertidumbre total. (O)
