Entre la acusación y la verdad
Las declaraciones explosivas se han vuelto parte del paisaje ecuatoriano. La última proviene de alias “Pipo”, Wilmer Chavarría, señalado como cabecilla de la organización criminal Los Lobos y detenido en España. Según el reporte de la agencia EFE, habría acusado al presidente Daniel Noboa de ser el autor intelectual del asesinato de Fernando Villavicencio, ocurrido el 9 de agosto de 2023.
Registrar la noticia es legítimo. Informar no es condenar. Sin embargo, conviene recordar que se trata de la declaración de un hombre procesado por múltiples delitos, señalado como líder de una estructura violenta y prófugo durante años. Una acusación de esa naturaleza no puede darse por cierta solo por haber sido pronunciada. Corresponde a la justicia determinar responsabilidades, si las hubiere. No a la opinión pública dictar sentencia de manera anticipada.
No es la primera vez. Daniel Salcedo, presentado en su momento como “joven empresario”, compareció ante la Asamblea Nacional para lanzar acusaciones contra diversas figuras políticas, asegurando tener pruebas que hasta hoy no se conocen públicamente. Muchos replicaron sus palabras como si fueran sentencia firme, olvidando que provenían de alguien condenado por corrupción en el contexto más doloroso de la pandemia.
Algo similar ocurrió con Santiago Díaz, exasambleísta de la Revolución Ciudadana, procesado por presunta violación a una menor de edad y convocado a rendir versión en el caso “Caja Chica”. Aprovechó su comparecencia para señalar a antiguos aliados, afirmando la existencia de aportes irregulares provenientes de Venezuela para el correísmo. Nuevamente, declaraciones difundidas con rapidez, pero sin evidencia presentada al país.
El patrón se repite: acusaciones graves de personas con procesos judiciales abiertos, amplificadas mediáticamente y asumidas por algunos sectores como verdades consumadas. En una sociedad saturada de escándalos, el juicio público parece adelantarse al judicial.
Esto no significa silenciar denuncias ni blindar a autoridades. Significa exigir pruebas y recordar que la presunción de inocencia es un principio fundamental del Estado de derecho. También implica no convertir cada delación en espectáculo ni cada titular en veredicto.
La justicia debe investigar con independencia y transparencia. Mientras tanto, la prudencia es una virtud cívica. Creer sin evidencia puede ser tan peligroso como mentir deliberadamente. No todo lo que se declara es verdad. No todo lo que se escucha o se lee es cierto. Entre la acusación y la verdad, debe mediar siempre la prueba. (O)
