“Caso Los Tres Mosqueteros” genera polémica
En una rueda de prensa ofrecida el lunes, el concejal Alex Valladares realizó una denuncia pública sobre presuntas irregularidades detectadas en varios procesos de contratación municipal, a los que denominó “Caso Los Tres Mosqueteros”. Según el edil, tres contratistas estarían vinculados con seis obras ejecutadas por la actual administración, donde se habrían presentado documentos falsificados y se evidenciarían posibles nexos indebidos entre oferentes y funcionarios.
Valladares detalló que entre las obras observadas constan: la intervención vial en la calle Rogelio Ramos, con un presupuesto de 400 mil dólares; el proyecto de asfaltado y vías complementarias “Ambato, la nueva historia”, con una inversión de 2 millones 367 mil dólares; la repotenciación del edificio del laboratorio de suelos, valorada en 197 mil dólares; el mantenimiento de las caminerías de la Quinta de Mera, con un costo de 250 mil dólares; la estabilización de muros del proyecto “La nueva historia”, por 855 mil dólares; y la adquisición de materiales para construcción por 400 mil dólares.
“El patrón se repite. Se observa un concierto de actores: funcionarios públicos, oferentes y contratistas que coinciden en varios procesos”, afirmó Valladares, quien solicitó a los organismos de control intervenir para esclarecer los hechos.
Ante estas declaraciones, el director de Planificación del Municipio, Sebastián Monar, negó la existencia de corrupción y aseguró que todos los procesos de contratación son públicos y se ejecutan conforme a la normativa vigente. “Las ofertas constan en el portal de Compras Públicas y cada proceso cuenta con una comisión técnica designada. Si se determina alguna falsificación, será la justicia quien lo establezca”, señaló.
Monar enfatizó que el hecho de que existan coincidencias académicas entre funcionarios y oferentes no constituye delito, y recordó que las obras mencionadas se encuentran concluidas. Finalmente, subrayó que cualquier irregularidad documental será materia de investigación judicial, deslindando responsabilidades de la administración municipal.(I)
