¿Una posible nueva Constituyente en Ecuador?

Bertrand Russell fue uno de los filósofos más importantes del siglo XX (ya en 1901 formuló uno de sus descubrimientos más significativos: la famosa paradoja de los conjuntos). Pero Russell también es uno de los filósofos que más veces cambió su orientación filosófica. Incluso se llegó a decir que Russell nos tenía acostumbrados a proponer cada año un sistema filosófico distinto. Así, primero defendió una filosofía idealista, luego un realismo platónico y después un realismo del sentido común.

Esta falta de fidelidad a un sistema determinado suele interpretarse como ausencia de seriedad o rigor, cuando más bien debería entenderse como lo contrario: como una puesta al día de los conocimientos y una búsqueda incansable de la verdad. El propio Russell señala muy atinadamente al respecto: “No me avergüenzo lo más mínimo de haber variado mis opiniones”. ¿Qué físico en activo desde 1900 se jactaría de no haber cambiado de opinión cuando dispone de nuevos conocimientos? Sin embargo, muchas personas comparan la filosofía con la teología más que con la ciencia. El teólogo proclama verdades eternas, y los credos siguen inalterados desde el nacimiento de Jesús o desde el Concilio de Nicea; por eso, “cuando nadie sabe nada no tiene ningún sentido cambiar de idea”.

En Ecuador, el gasto público supera los 12.283 millones de dólares cada año. Esto implica un gasto permanente en mantener las instituciones públicas con todos sus funcionarios (que a veces parecen estar muy cansados de serlo por las atenciones ineficaces que ofrecen al pueblo). Hablamos de instituciones como ministerios, secretarías, fiscalía, policía, ejército y todas las demás entidades estatales que agrupan a miles de funcionarios públicos a su “servicio”.

La Constitución del Ecuador, de 2008, tiene sus pros y sus contras, de acuerdo con cómo podamos interpretarla y ejecutarla siempre en favor del bien común. Es, por ejemplo, la primera constitución en otorgar “derechos a la naturaleza” desde una visión altamente biocentrista, lo cual es realmente valioso porque busca la aplicación real del “desarrollo sostenible”: aquella concepción que procura cubrir las necesidades de las generaciones presentes sin comprometer las de las futuras, tal como lo expuso Gro Harlem Brundtland en 1987.

Sin embargo, años después de “ejecutada” dicha Constitución, vemos cómo en nuestro país el sinsentido sigue tomando forma de arma. En esas aristas del caos, el pueblo empieza a percibir un oxidado orden al que ya se acostumbró y del que cree normal ser parte, procurando corroer en sus actos los pocos vestigios de valores que puedan quedar en su propia conciencia.

En Ecuador, donde la educación política es prácticamente inexistente, donde la gente vota por quien le pueda ofrecer un seco de pollo a la salida de la jornada, una camiseta con la foto del candidato o un bono si gana, hoy parece que decidiremos sobre una nueva Constituyente.

Muchas veces ni siquiera entendemos qué implica tener una Constituyente, ¿verdad? Pues es un órgano extraordinario electo por voto popular que, mientras esté en funciones, concentra la autoridad política más alta. Será este órgano el encargado de crear una nueva Constitución para el Ecuador. La Corte Constitucional ya dio paso al presidente Daniel Noboa para iniciar este proceso y ahora lo que nos espera es: una nueva consulta popular, la elección de asambleístas constituyentes que tendrán la responsabilidad de redactar la nueva Constitución y, por último, el referéndum para decidir si esta se aprueba o no.

Actualmente tenemos a cuatro asambleístas “representando” a cada una de las 24 provincias del país, pero estos representantes del pueblo, lastimosamente, la mayoría de las veces no tienen mucha idea de lo que hay que hacer en estos espacios de poder tan representativos. A pesar de que, cuando ganan, saben que tendrán un sueldo público de 6.000 USD mensuales más ciertos beneficios “extras” de los que pueden disfrutar. Esto frente al salario básico unificado, que oscila entre 470 USD al mes, refleja un país donde las permanentes “oportunidades para progresar” muestran desigualdades económicas que marcan huellas de clases sociales y limitan el desarrollo en cada territorio.

¿Qué esperar? Que el pueblo se informe y lea más. Que los postulantes a estos cargos tan importantes sean personas con valores, principios, ética y que, obligatoriamente, tengan un perfil profesional y académico adecuado para realmente crear las leyes que el pueblo necesita y que usaremos a mediano y largo plazo en coherencia y bien común. (O)