Todos contra todos / Fabricio Dávila Espinoza
El país vive un
periodo extendido de democracia y el regreso de las dictaduras autoritarias,
civiles o militares, parece lejano. Continúan vigentes cuatro décadas de vida
constitucional. No obstante, vigencia no es sinónimo de fortaleza. La
legitimidad es un valor que se adquiere de forma no definitiva, al contrario,
se trata de un proceso dinámico. En la vida de los pueblos, la legitimidad
puede debilitarse y en cualquier momento, perderse.
La autoridad nacida dentro de un sistema
democrático se torna débil, al ritmo que aumenta su intención de buscar
beneficios particulares. En ese momento, el edificio democrático falla, hasta
caerse. Un desafío de los poderes del Estado, en la actualidad ecuatoriana,
debería centrarse en sostener la legitimidad democrática del país. Es erróneo
considerar que nuestra democracia está consolidada, solamente porque hay
elecciones periódicas, cuando somos testigos de la vorágine de todos contra
todos.
Legitimar la democracia es una tarea permanente.
Pero, al parecer, no todos piensan lo mismo. Las funciones del Estado viven una
confrontación constante. El Ejecutivo contra la Asamblea Nacional, hasta
afirmar que podría cumplirse un plan de gobierno a base de decretos ejecutivos,
desconociendo al Legislativo. La mayoría de turno entre los legisladores contra
el Ejecutivo, bloqueando o cambiando todo proyecto de ley remitido desde la
presidencia de la república. El Consejo de la Judicatura contra el presidente
de la Corte Nacional de Justicia. La Asamblea Nacional y la Corte Nacional de
Justicia contra el Consejo de la Judicatura. Los partidos políticos enfrentados
entre sí y dentro de sí mismos, con rebeldes dentro de sus integrantes. Todos
contra el Consejo de Participación Ciudadana y el Ejecutivo. Todos contra
todos.
En un Estado de derecho, la independencia entre
los poderes que rigen la justicia; las elecciones libres; la legislación y
fiscalización; el control de las entidades públicas y el Ejecutivo es esencial
para consolidar la democracia. El problema es que, durante cada período de
gobierno, en nuestro país, la independencia de funciones es una discusión
teñida posiciones confusas.
El país requiere independencia judicial, que
garantice imparcialidad en las decisiones de los jueces; consenso entre los
poderes Ejecutivo y Legislativo y compromiso del gobierno para no intervenir en
decisiones judiciales. Es urgente dejar un lado, por un momento, los
antagonismos para favorecer el bien común. Hoy más que nunca, es vital, para consolidar
el sistema democrático y que cese la disputa de todos contra todos.