Todos contra todos / Fabricio Dávila Espinoza

El país vive un periodo extendido de democracia y el regreso de las dictaduras autoritarias, civiles o militares, parece lejano. Continúan vigentes cuatro décadas de vida constitucional. No obstante, vigencia no es sinónimo de fortaleza. La legitimidad es un valor que se adquiere de forma no definitiva, al contrario, se trata de un proceso dinámico. En la vida de los pueblos, la legitimidad puede debilitarse y en cualquier momento, perderse.

La autoridad nacida dentro de un sistema democrático se torna débil, al ritmo que aumenta su intención de buscar beneficios particulares. En ese momento, el edificio democrático falla, hasta caerse. Un desafío de los poderes del Estado, en la actualidad ecuatoriana, debería centrarse en sostener la legitimidad democrática del país. Es erróneo considerar que nuestra democracia está consolidada, solamente porque hay elecciones periódicas, cuando somos testigos de la vorágine de todos contra todos.

Legitimar la democracia es una tarea permanente. Pero, al parecer, no todos piensan lo mismo. Las funciones del Estado viven una confrontación constante. El Ejecutivo contra la Asamblea Nacional, hasta afirmar que podría cumplirse un plan de gobierno a base de decretos ejecutivos, desconociendo al Legislativo. La mayoría de turno entre los legisladores contra el Ejecutivo, bloqueando o cambiando todo proyecto de ley remitido desde la presidencia de la república. El Consejo de la Judicatura contra el presidente de la Corte Nacional de Justicia. La Asamblea Nacional y la Corte Nacional de Justicia contra el Consejo de la Judicatura. Los partidos políticos enfrentados entre sí y dentro de sí mismos, con rebeldes dentro de sus integrantes. Todos contra el Consejo de Participación Ciudadana y el Ejecutivo. Todos contra todos.

En un Estado de derecho, la independencia entre los poderes que rigen la justicia; las elecciones libres; la legislación y fiscalización; el control de las entidades públicas y el Ejecutivo es esencial para consolidar la democracia. El problema es que, durante cada período de gobierno, en nuestro país, la independencia de funciones es una discusión teñida posiciones confusas.

El país requiere independencia judicial, que garantice imparcialidad en las decisiones de los jueces; consenso entre los poderes Ejecutivo y Legislativo y compromiso del gobierno para no intervenir en decisiones judiciales. Es urgente dejar un lado, por un momento, los antagonismos para favorecer el bien común. Hoy más que nunca, es vital, para consolidar el sistema democrático y que cese la disputa de todos contra todos.