Subir el pasaje o perder votos
El debate sobre el incremento del pasaje urbano volvió a instalarse con fuerza en varias ciudades del Ecuador. El tema es una auténtica “papa caliente” que las autoridades quieren pasar a la siguiente administración. Los transportistas insisten en que trabajan a pérdida, que mantener las unidades resulta cada vez más costoso y que la situación se agravará con el fin de la compensación estatal por la eliminación del subsidio al diésel. Del otro lado, los usuarios se niegan a pagar más por un servicio que continúa siendo deficiente.
La discusión no es de hoy. La ley establece que las tarifas deben revisarse cada dos años, pero en la práctica esto no se ha cumplido. Mientras tanto, los costos de combustibles, repuestos, salarios e insumos no han dejado de subir. En Ambato, el informe de la Dirección de Movilidad planteó tres tarifas: técnica, 51 centavos; de equilibrio, 43 centavos y socialmente justa, 40 centavos. Escoger una opción es tarea difícil.
Los transportistas aseguran que incluso el incremento a 43 centavos no garantizaría mejoras sustanciales. Parte del gremio afirma que quisiera vender sus unidades, pero que ni siquiera existirían compradores interesados. La situación del sector es compleja y negarlo sería irresponsable.
No obstante, existe otra realidad que no puede ocultarse. Ambato figura entre las ciudades con los más altos índices de accidentes de tránsito. En el primer trimestre de 2026 se produjeron 221 accidentes que dejaron 25 muertos y 137 heridos. No todos involucran buses urbanos, es verdad, pero una parte significativa sí. Las promesas de mejorar el servicio, respetar rutas, cumplir frecuencias y conducir con prudencia son compromisos que se repiten cada vez que aparece la discusión tarifaria, aunque los usuarios difícilmente perciben cambios reales.
En medio de este escenario, los municipios tienen la competencia de decidir sobre las tarifas. Pero el problema dejó de ser técnico. En tiempos preelectorales muchos funcionarios piensan en la reelección y el cálculo político pesa más que los informes técnicos. Nadie quiere aprobar un alza del pasaje a pocos meses de una nueva campaña electoral.
Dilatar la decisión no resuelve nada. La ciudadanía merece un transporte digno y seguro; los transportistas, condiciones sostenibles para operar. Pero quienes deben decidir parecen más preocupados por el cálculo político que por resolver el problema. Así, el conflicto seguirá atrapado entre promesas y postergaciones, sin una solución concreta y definitiva. (O)
