Serie anticorrupción: Los canales de denuncias ciudadanas/ Ing. Patricio Chambers M.

Columnistas, Opinión



La lucha contra la corrupción tiene en los canales de denuncias ciudadanas, uno de sus instrumentos de mayor apoyo puesto que es la propia ciudadanía la que con frecuencia es testigo de actos reñidos con la ley y quienes tienen la obligación de denunciarlos.

Sin embargo, no siempre se cuenta con opciones al alcance de las personas, por lo que es indispensable implementar sistemas integrados de denuncias, así como mecanismos de protección de denunciantes.

Esto significa que los gobiernos tanto a nivel local como nacional deben adoptar medidas de protección para quienes denuncien actos de corrupción objeto de investigación.

Lo propio hacia la protección de su situación laboral, especialmente tratándose de un funcionario público y cuando los actos de corrupción puedan involucrar a su superior jerárquico o compañeros de trabajo, adoptando medidas de protección, orientadas no solamente hacia la integridad física del denunciante sino también de su familia.

Además, hace falta asegurar el anonimato de la denuncia, protegiendo la identidad, garantizando la seguridad personal y la confidencialidad de la información.

Por otro lado, y en la misma línea es necesario que existan vías expeditas para revelar amenazas o represalias de las que pueda ser objeto el denunciante, dando a conocer de ello a las autoridades competentes a fin de que se tramite las solicitudes de protección en las instancias responsables de brindarla.

Una variable por considerar siempre es la protección de testigos, de manera que se otorguen a éstos las mismas garantías del funcionario público y el particular.

A ello conviene cuando sea pertinente, incluir la cooperación internacional para lograr una asistencia técnica y la cooperación recíproca, así como el intercambio de experiencias, la capacitación y trabajo mancomunado.

Esto requiere completarse con la adopción de disposiciones que sancionen el incumplimiento de las normas y/o de las obligaciones en materia de protección, definiendo claramente las competencias de las autoridades judiciales y administrativas en materia de protección.

En general es necesario contar con instituciones que viabilicen y aseguren la efectividad de este sistema, pues por ejemplo la reserva de la identidad tendrá que mantenerse incluso después de culminadas las averiguaciones y procesamiento del caso.

De igual modo, en el caso de las denuncias anónimas es importante que las mismas sean atendidas sólo si cumplen con mínimos criterios y posibilidades de verosimilitud, además de la gravedad en el hecho denunciado y razonabilidad en la intención del denunciante de conservar el anonimato.

En la actualidad la mejor vía para denunciar un supuesto acto de corrupción es el internet ya sea mediante páginas web o correos electrónicos. También números telefónicos dedicados, casilla postal o atención personalizada por los responsables de las divisiones de Investigación.

El contar con formatos ágiles y simples representan ayudas importantes para quienes buscan delatar acciones ilegales, a cuyas denuncias se les asigna un número identificatorio para hacer un seguimiento y procesamiento de éstas.

En estos temas también deben estar presentes las organizaciones de la sociedad civil. (O)

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