Segunda orden / Fabricio Dávila Espinoza
La situación legal del expresidente, Rafael Correa, ocupa la atención de la opinión pública, tras la orden de prisión en su contra dictada el pasado miércoles.
Este es el segundo pedido de detención del que es objeto. El primero fue obra de la Corte Nacional por el secuestro de Fernando Balda. El 18 de junio de 2018, se dispuso la presencia del “implicado” ante un juez, en la ciudad de Quito, cada 15 días, por el tiempo que duren las investigaciones. Pero, al presentarse únicamente en el Consulado de Ecuador de Bruselas, incurrió en desobediencia. Esto motivó la orden de prisión preventiva y la consecuente alerta roja ante la Interpol para que sea detenido en el extranjero. Una vez que el expresidente retorne o sea devuelto al país debería convertirse en huésped en las mismas celdas que antes ocupó su compañero Jorge Glas, en la cárcel 4 de Quito.
Esta segunda orden fue determinada por pedido de la Fiscalía General, en contra de Correa, Glas, Walter Solís, Vinicio Alvarado, Alexis Mera, María de los Ángeles Duarte, Yamil Massuh,… altos funcionarios del régimen anterior, que están juzgados, detenidos o prófugos, es decir, la nómina no presentó mayores novedades.
La nueva investigación está relacionada con el caso que inicialmente se llamó “Arroz Verde” y que después cambió a sobornos 2012 -2016. Con asombro se mira como salen a la luz diariamente evidencias de acciones ilícitas, extraídas de los archivos de las colaboradoras cercanas del expresidente, Pamela Martínez y Laura Terán, actualmente privadas de la libertad. La nueva presunción tiene que ver con delitos de cohecho, asociación ilícita y tráfico de influencias en la financiación del movimiento político Alianza País.
La reacción del expresidente era previsible. La primera vez dijo que su vinculación en el secuestro de Balda era persecución política. Ahora, aunque aceptó haber recibido 6.000 dólares del fondo solidario de su partido político, para saldar “un recurrente sobregiro”, a través de la red social twitter, calificó con el adjetivo de ridiculez la actuación de la justicia ecuatoriana.
Este nuevo caso apenas inicia. La Interpol rechazó la petición del 2018. No hay certeza sobre el grado de efectividad internacional del proceso actual, tal vez tengamos que esperar que la tercera sea la vencida, mientras tanto, todo quedará en suspenso, hasta segunda orden. (O)
