Revisión de pasajes del transporte urbano abre debate

El concejal Rumiñahui Lligalo, presidente de la Comisión de Tránsito, mencionó ante el Concejo Municipal sobre el informe que propone regular la fijación de tarifas del servicio de transporte público urbano. Explicó que el documento luego de su conocimiento en el Concejo en primer debate seguirá el análisis para segundo debate acogiendo las sugerencias obtenidas.

Aclaró que su presentación no significa una aprobación inmediata de nuevas tarifas, sino la apertura de un espacio de discusión con concejales y ciudadanía.

Lligalo señaló que el objetivo es analizar de manera responsable la situación del transporte urbano, considerando el impacto económico y social tanto para los usuarios como para los transportistas. Destacó que el país atraviesa una crisis económica, agravada por medidas como el incremento del IVA del 12% al 15% desde abril de 2024 y la eliminación del subsidio a los combustibles, lo que ha elevado los costos operativos del sector.

El informe técnico plantea tres escenarios tarifarios: la tarifa técnica de 51 centavos, que representa el costo real del servicio; la tarifa de punto de equilibrio de 46 centavos, que cubre los gastos sin generar ganancias; y la tarifa social de 43 centavos, considerada como la más accesible para la ciudadanía. La mayoría de la comisión sugiere analizar esta última opción, manteniendo también el pasaje preferencial de 21 centavos para grupos vulnerables.

La propuesta de ordenanza contempla tres capítulos que abordan la regulación de tarifas, responsabilidades y obligaciones para mejorar la calidad del servicio. Entre las medidas se incluyen la implementación de un sistema de recaudo tarifario o “caja común”, control de paradas, acceso a quejas ciudadanas, prohibición del comercio ambulante dentro de las unidades y fortalecimiento de los mecanismos de control por parte de la Dirección de Movilidad.

Reiteró que el objetivo es garantizar la sostenibilidad del transporte público, mejorar la calidad del servicio y proteger la economía de los ciudadanos.

Manuel Escobar, gerente de la Unión de Transporte Urbano de Tungurahua, señaló que mejorar el servicio de transporte es una responsabilidad compartida entre autoridades, transportistas y ciudadanos. Indicó que existen factores que afectan la eficiencia del sistema, como los “cuellos de botella” en la vialidad y el alto uso de vehículos particulares, lo que reduce la prioridad del transporte público en la ciudad.

Escobar destacó que el sector ha invertido en unidades que cumplen con las normas de la Agencia Nacional de Tránsito y en sistemas para mejorar el servicio, como la propuesta de caja común y mecanismos tecnológicos de recaudo, incluso con opciones como códigos QR. Afirmó que estas propuestas ya constan en el proyecto de ordenanza que analiza el Concejo Municipal.

El dirigente explicó que los transportistas solicitan una decisión pronta sobre la tarifa, ya que el sector lleva 11 años sin un reajuste, mientras que los costos de operación han aumentado. Señaló que, según la metodología tarifaria, si se adopta una tarifa social más baja, el Municipio debería compensar económicamente la diferencia hasta alcanzar la tarifa técnica.

El concejal Gonzalo Callejas presentó un informe de minoría en el debate sobre la tarifa del transporte urbano en Ambato y pidió enfrentar el problema con responsabilidad y no con intereses políticos. Señaló que en más de dos años no se han logrado soluciones, pese a los conflictos y cambios en la Dirección de Movilidad. Advirtió que el crecimiento urbano y el aumento poblacional han dejado a miles de ciudadanos sin atención adecuada de transporte, lo que incrementa el tráfico, la inseguridad y los costos para los habitantes de sectores rurales.

La concejala Anabell Pérez señaló que el debate sobre la tarifa del transporte urbano en Ambato se ha postergado por más de una década sin decisiones claras. Indicó que el Municipio tiene responsabilidad en mejorar la vialidad, controlar el comercio informal y fortalecer la movilidad. Propuso mantener una tarifa social de 40 centavos con compensación municipal a los transportistas y mayor inversión en señalética, paradas e infraestructura para mejorar el servicio y la seguridad de los usuarios. (I)