Mirando el horizonte

¡Nuevo día… nuevo año! Y, sin embargo, el calendario apenas logra disimular la persistencia de una realidad que se reproduce con la obstinación de lo no resuelto.

Impedidos de arrear bandera o de abandonar el énfasis inicial en la corrección y el debilitamiento de los grupos narco-delincuenciales que se multiplican en los territorios, estos se atrincheran cada vez que un capo es aprehendido o liquidado. Lejos de significar un punto de inflexión definitivo, cada golpe propinado al vértice de la pirámide criminal parece detonar un efecto de fragmentación: células que se escinden, liderazgos que se disputan el vacío de poder y nuevas estructuras que emergen, casi por generación espontánea, con una voracidad aún más marcada.

Responden -como es lógico suponer- a la necesidad de no perder el espacio de control ganado, ese territorio físico y simbólico donde se administra el miedo, se regula la economía ilegal y se impone una forma paralela de orden.

Allí donde el Estado vacila, donde la institucionalidad llega tarde o no llega, las mafias se infiltran, se adaptan y se mimetizan con la cotidianidad. Allí donde el Estado abrió puertas y cerró los ojos, no solo dominan rutas y mercados; moldean comportamientos, silencian conciencias y corrompen, con una eficacia quirúrgica, los tejidos sociales más frágiles.

Se trata de una lucha sin cuartel, cuyos embates y efectos se sienten con crudeza en la vida diaria de las comunidades, en las cifras de violencia, en el desplazamiento forzado y en la normalización del sobresalto. No obstante, parecerían insuficientes a la hora de contabilizar incursiones y bajas, como si cada victoria táctica fuese rápidamente neutralizada por la capacidad de recomposición del enemigo. El balance se vuelve ambiguo: se avanza, pero no se consolida; se golpea, pero no se desarticula del todo.

Es que la maquinaria y el poder instalados detrás de las mafias son de una naturaleza compleja y profundamente arraigada. No se trata únicamente de hombres armados o de cargamentos incautados, sino de redes financieras sofisticadas, de alianzas transnacionales, de engranajes logísticos que operan dentro y fuera del territorio patrio con una precisión que rivaliza -y a veces supera- a la del aparato estatal.

Cada intento por enfrentarlas, desplazarlas o eliminarlas provoca una respuesta inmediata de mayores proporciones, haciendo gala de la capacidad económica de los GDO y de sus órganos de soporte, capaces de absorber pérdidas, comprar voluntades y reinventar sus métodos.

Así, el desafío se revela en toda su dimensión: no basta con la acción reactiva ni con la exhibición de fuerza episódica. La confrontación exige una estrategia integral, sostenida en el tiempo, que no solo ataque los síntomas visibles del crimen organizado, sino que desmonte las condiciones que lo alimentan: la exclusión, la falta de oportunidades, la corrupción estructural y la debilidad institucional.

La lucha contra el crimen organizado deja de ser un asunto meramente operativo para convertirse en una cuestión eminentemente política.

No se define solo en los partes de guerra ni en las estadísticas de incautaciones, sino en la capacidad del Estado para ejercer soberanía efectiva, recuperar legitimidad y sostener decisiones que incomodan intereses enquistados. Combatir a las mafias implica asumir costos, resistir presiones internas y externas, y romper pactos tácitos que durante años han permitido la coexistencia funcional entre legalidad e ilegalidad.

Ya no se trataría solo de combatir al delito, sino de defender la democracia en su sentido más esencial. Porque cuando el Estado retrocede, alguien ocupa su lugar; y cuando ese espacio lo llenan las mafias, el costo lo paga siempre la sociedad.

Oportuno repetir: ¡Ni un paso atrás! (O)