La tentación de la violencia y el refugio de la victimización
En el prolongado invierno democrático que ha marcado la política ecuatoriana, las marchas violentas han surgido cíclicamente como un mecanismo “legítimo” para imponer la razón y la verdad. Bajo consignas simplificadoras, algunos sectores parecen convencidos de que la presión de la calle, acompañada de intimidación, puede reemplazar el intercambio de ideas.
Sin embargo, la razón, como bien dice el refrán, no requiere de la fuerza. Cuando los argumentos son sólidos, su validez es suficiente. La violencia, en cambio, aparece donde se agotan los razonamientos y la frustración ocupa el espacio del debate. En una democracia madura, las diferencias deberían resolverse mediante la deliberación y el respeto a las instituciones. Cuando estos principios se debilitan, en lugar de fortalecer la democracia, se termina por socavarla.
Durante años, ciertos sectores políticos se han acostumbrado a ejercer el poder sin mayor control y desde una lógica en la que la confrontación es más útil que la discusión. No resulta extraño que hoy les cueste aceptar la exposición pública de sus ideas o la posibilidad de ser cuestionados, incluso por parte de la justicia, que a menudo actúa lentamente. El diálogo exige argumentos; en cambio, la consigna solo requiere repetición.
Este fenómeno se acompaña de un recurso cada vez más habitual: la invocación de la “persecución política”. Cualquier cuestionamiento, investigación o discrepancia se interpreta automáticamente como parte de una conspiración. De esta manera, el debate se desplaza del terreno de los hechos a las supuestas intenciones del adversario.
En los últimos años, figuras asociadas a movimientos sancionados y sus aliados han sostenido que las investigaciones judiciales que les afectan son un intento de exclusión política. Sus seguidores defienden esta narrativa, mientras que sus opositores apuntan a la corrupción detrás de estas denuncias. Más allá de la interpretación que se imponga, lo preocupante es que la constante apelación a la “persecución” se convierte en un escudo que ahoga cualquier discusión serena sobre responsabilidades.
Así, se crea un relato en el que la culpa siempre recae sobre otros. Cuando los argumentos escasean, la acusación fácil se convierte en la norma. No faltará quien, en medio de esta evasión, reclame al adversario político por inundaciones, deslaves o tormentas, no por falta de capacidad para discernir causas, sino por una práctica política que prefiere el ruido de las consignas al razonamiento.
La victimización ha pasado de ser un recurso ocasional para convertirse en un método. Este enfoque transgrede límites y busca apropiarse de la cordura de una sociedad ya golpeada por crisis sucesivas. No es sorprendente que grupos intenten reinstaurar la confrontación para recuperar prebendas a las que estaban acostumbrados. Bajo este enfoque, cualquier límite institucional se presenta como una agresión y cualquier exigencia de responsabilidad se ve como una injusticia.
La democracia, aunque imperfecta, demanda más que consignas y agravios. Exige responsabilidad, debate y respeto por las reglas comunes. Es precisamente en la incapacidad de aceptar estos límites donde se revela la pequeña dimensión de ciertas visiones políticas. Si queremos avanzar hacia una sociedad más justa y democrática, debemos rechazar la violencia y la victimización como herramientas en el ámbito político. Es un llamado a priorizar el diálogo, la argumentación y el respeto mutuo, elementos esenciales para la salud de cualquier democracia. La posibilidad de construir un futuro más sólido depende, en gran medida, de nuestra disposición a debatir con respeto y responsabilidad, dejando atrás el ruido y la ira.
