La Naturaleza y la Constituyente en un Ecuador Megadiverso
Gro Harlem Brundtland fue una visionaria extraordinaria: mujer, investigadora y ex Primera Ministra de Noruega, quien ya en 1987 acuñó el término “Desarrollo Sostenible” a través del célebre Informe Brundtland. En este documento se advertía la ansiedad global por la creciente depredación humana sobre la Naturaleza y la urgente necesidad de construir políticas públicas internacionales que reduzcan los daños futuros.
Desde entonces se estableció que el Desarrollo Sostenible es aquel que satisface las necesidades de las generaciones presentes sin comprometer la capacidad de las generaciones futuras para satisfacer las suyas. Esto significa que el pueblo tiene la obligación ética de exigir a sus autoridades que comprendan la responsabilidad internacional que poseen: cumplir los Objetivos de Desarrollo Sostenible y proteger los recursos naturales disponibles, entendiendo que no son infinitos. Preservarlos implica educar, sensibilizar y transformar la relación que mantenemos con el planeta y con todos los seres vivos.
Este marco conceptual y político, respaldado por organizaciones de resistencia y vigilancia ambiental como la World Wildlife Fund (WWF), Greenpeace, Amnistía Internacional, Fundación Manos Abiertas, Fundación Pacha mama y la Organización de las Naciones Unidas (sobre cuyo accionar internacional mantengo justificados reparos), constituye hoy una base globalmente aceptada para la defensa de la vida en esta gran Pacha Mama. Debemos recordar siempre que la Naturaleza nos necesita mucho menos de lo que nosotros dependemos de ella.
Esa visión, que nuestros pueblos originarios entendieron desde tiempos ancestrales y que la ciencia moderna hoy confirma, sostiene que la Naturaleza es un ser vivo, sintiente y, por ello, debe ser reconocida como sujeto de derechos.
En 2008, Ecuador se convirtió en pionero mundial al incorporar en su Constitución —nuestra norma jurídica suprema— un enfoque profundamente biocentrista que reconoce los Derechos de la Naturaleza. Aunque al inicio generó controversia, con el tiempo se ha comprendido que esta decisión fue no solo histórica, sino necesaria. Defender esos derechos no es un acto simbólico: es un deber urgente y colectivo que impacta directamente a las generaciones presentes y, aún más, a las futuras.
Tras la consulta popular del 16 de noviembre, es probable que el Gobierno de Daniel Noboa declare el triunfo del “sí” a una nueva Constitución mediante la instalación de una Asamblea Constituyente. Si ese escenario se confirma, será el pueblo soberano quien deba exigir que los Derechos de la Naturaleza no solo se mantengan, sino que se fortalezcan. Es imprescindible blindar mecanismos de control, sanción y reparación frente a quienes, bajo el amparo de megaproyectos extractivos, vulneran el equilibrio ecológico y condenan al país a impactos irreversibles en el mediano y largo plazo.
Porque si no somos capaces de mirar hacia adelante con responsabilidad, visión y memoria ecológica, no será la Naturaleza la que desaparezca: seremos nosotros quienes quedaremos sin futuro.
La defensa de la vida no admite improvisaciones. Tampoco retrocesos. Hoy más que nunca, Ecuador debe decidir si quiere ser un país que se arrodilla ante el extractivismo asesino o un país que honra su megadiversidad y piensa con dignidad en los que vendrán después. ¡La historia nos está mirando.Y el planeta también! (O)
