La Constitución en el baratillo / Luis Fernando Torres

Columnistas, Opinión



En el baratillo de los productos usados le han colocado a la Constitución los que buscan, con razón, nuevos dispositivos normativos. Sabiendo que nadie quiere adquirir o conservar al anticuado Consejo de Participación, están en marcha tres proyectos para maquillar a ese Consejo o, simplemente, desaparecerlo, sustituyéndolo por un órgano diferente, llamado Senado.

Dos proyectos se van a tramitar con firmas ciudadanas, la aprobación de la Asamblea y un referéndum final, siguiendo el procedimiento establecido en el Art. 442 de la Constitución para la reforma parcial. La Corte Constitucional ha dado luz verde para reformar la Constitución por esta vía.

De los dos proyectos, solamente uno propone la desaparición del Consejo de Participación y la creación, en su lugar, de un senado. El otro proyecto no va más allá de restarle funciones al Consejo.

El tercer proyecto todavía no ha recibido el dictamen de la Corte Constitucional. Lo ha presentado un grupo de asambleístas para cambiar la Constitución por la vía de la enmienda, cuyo procedimiento está contemplado en el Art. 441 de la Constitución. La enmienda necesita la aprobación de la Asamblea, en dos debates, debiéndose el segundo debate realizarse en el mes siguiente del año transcurrido entre el primero y el segundo debates. No hace falta que el pueblo se pronuncie sobre el texto aprobado por las dos terceras partes de asambleístas.

Este proyecto de iniciativa legislativa no tiene como objetivo liquidar al Consejo sino reducir sus competencias.

El CPCCS se introdujo en la Constituyente de Montecristi, el 2008, con el antecedente del Consejo de Defensa de la Moral Republicana implantado por Hugo Chávez en la Constitución bolivariana de Venezuela. Curiosamente, los constituyentes ecuatorianos le dieron, al Consejo, más competencias de las que se le habían otorgado al Consejo chavista. La consecuencia de ello fue que el CPCCS se convirtió en el espacio para legitimar las designaciones de autoridades de control serviles al proyecto revolucionario.

No hay razón suficiente ni necesaria que justifique la existencia del CPCCS. Eliminarlo debería ser parte de una estrategia democrática. 

El gran déficit del Ecuador es la ausencia general de pensamiento estratégico. Como dice Ignacio Camacho, “la élite dirigente vive ofuscada con ardor extremo en asuntos superfluos”.    (O)

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