Iniciaron rendiciones de cuentas

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Durante este mes, las instituciones del Estado en la provincia de Tungurahua están inmersas en el crucial proceso de rendición de cuentas, un ejercicio fundamental para la transparencia en la gestión pública. 

Este proceso involucra a diversas entidades, incluyendo los poderes Legislativo, Ejecutivo y Judicial, así como el Electoral, la Función de Transparencia y Control Social, la Educación Superior y los Medios de Comunicación Públicos y Comunitarios.

Según Iván Altamirano, coordinador provincial del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social, este mes es crucial para que las autoridades electas de estas instituciones brinden cuentas a la ciudadanía por medio de ejercicios de deliberación pública. Altamirano enfatizó la importancia de este proceso como un pilar fundamental de la democracia participativa.

Las autoridades tienen hasta el mes de abril para cargar la información correspondiente a la rendición de cuentas en las páginas web del Consejo de Participación Ciudadana. Este proceso no solo garantiza la transparencia y la rendición de cuentas, sino que también fomenta la participación ciudadana en la gestión pública.

Por otro lado, Altamirano mencionó que otro grupo de entidades, como los Gobiernos Autónomos Descentralizados, empresas públicas y otras instituciones adscritas, deben cumplir con este proceso en abril y tienen hasta el 31 de mayo para subir la información a la página web correspondiente.

El Consejo de Participación Ciudadana y Control Social tiene la responsabilidad de monitorear la creación de cuentas de usuarios para garantizar que todas las instituciones cumplan con este requisito. En caso de incumplimiento, se elaborará un listado de las instituciones que no rindieron cuentas, el cual será remitido a la Contraloría General del Estado.

La Contraloría realizará un examen especial para determinar las razones del incumplimiento y aplicar las sanciones correspondientes, que pueden ir desde medidas administrativas hasta multas económicas de hasta 20 salarios mínimos. Este proceso garantiza la responsabilidad y la transparencia en el manejo de los recursos públicos, fortaleciendo así la confianza de la ciudadanía en las instituciones del Estado. (I)

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