In memoriam / Editorial
La Corte Constitucional del Ecuador ha aceptado una acción extraordinaria de protección y ha dispuesto medidas de reparación en el caso de la desaparición forzada de cuatro menores del sector Las Malvinas, ocurrida en diciembre de 2024 en Guayaquil.
El fallo es categórico, la Corte establece la responsabilidad del Estado ecuatoriano en un hecho perpetrado por miembros de las Fuerzas Armadas, institución que por mandato constitucional debe resguardar la paz, el orden y la seguridad de los ciudadanos.
La sentencia no deja espacio para ambigüedades: la detención fue ilegal, arbitraria e ilegítima. Josué, Ismael, Steven y Nehemías fueron víctimas de desaparición forzada. A ello se suma un elemento aún más grave: el Estado no proporcionó información inmediata, suficiente ni convincente sobre la aprehensión ni sobre el paradero de los menores.
Como parte de las medidas de reparación, el Estado —a través del comandante de la Fuerza Aérea— deberá reconocer su responsabilidad y ofrecer disculpas públicas a las familias. También deberá indemnizarlas con una compensación económica simbólica.
Nada devolverá la vida a los jóvenes ni aliviará el dolor de sus familias. Pero esta sentencia deja establecido un principio esencial en toda democracia: que todas las instituciones del Estado están sometidas a la Constitución y a la ley, y que la violación de los derechos fundamentales no puede quedar impune. (O)
