Gobierno de Ecuador dice que dirige la economía hacia reactivación y empleo

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El Gobierno ecuatoriano ha remarcado su disposición de brindar un mayor apoyo al sector privado, como motor para el desarrollo y base para la generación de empleo. (Foto EFE)

Quito, (EFE).- El Gobierno de Ecuador se ha empeñado en dirigir la economía nacional hacia la reactivación y el empleo, sobre todo con el apoyo a las pequeñas y medianas empresas, enfatizó este lunes el ministro de Economía, Richard Martínez.

El Ejecutivo ha enfocado su esfuerzo en la reactivación productiva y en la generación de empleo y hacia ello están orientadas varias decisiones que el presidente del país, Lenín Moreno, ya anunció el pasado viernes en su informe anual de gestión, aseguró Martínez en declaraciones reproducidas por su cartera.

Entre ellas mencionó que los pagos por el anticipo del Impuesto a la Renta (IR) de este año, los contribuyentes podrán ejercer en cinco cuotas iguales entre julio y noviembre, cuando antes solo podían hacerlo en dos cuotas en julio y septiembre.

Esta medida, señaló Martínez, ayudará al flujo de caja de las empresas y aliviará a ese sector en la búsqueda de financiación que, usualmente, supone la generación de costes adicionales para cumplir con la ley.

Además, la devolución del Impuesto al Valor Añadido (IVA) y del Impuesto a la Salida de Divisas (ISD) para los exportadores de bienes se lo realizará en solo 7 días, cuando antes el trámite podía tardar hasta dieciocho meses.

Asimismo, se reducirán los costes de 23 servicios financieros que buscan incentivar un mayor uso de los mecanismos electrónicos de pago, cuyo objetivo es reducir el uso de efectivo, que siempre tiene un coste adicional por el valor que se paga en la importación de divisas, dado que la economía ecuatoriana está completamente dolarizada desde el año 2000.

También se ha previsto la realización de un «cruce de cuentas» con deudas tributarias para proveedores del Estado que aún no han podido recuperar sus acreencias.

El Gobierno también ha anunciado la creación de un fideicomiso para garantizar una tasa de interés baja, del 4,99 por ciento, para los créditos hipotecarios en el ámbito de la llamada «vivienda de interés social» y de «interés público».

Martínez insistió en que todas estas medidas están enfocadas en el empeño del Gobierno para alcanzar la reactivación económica del país y mejorar las condiciones para el funcionamiento de las «micro, pequeñas y medianas empresas».

Por otra parte, el ministro anunció que el país está cumpliendo con los acuerdos a los que ha llegado con varios organismos multilaterales de crédito, sobre todo en metas sobre indicadores fiscales, de protección social y en reformas estructurales.

Según Martínez, la credibilidad demostrada por los organismos multilaterales con el plan económico de Ecuador permitirá que el país reciba en las próximas seis semanas desembolsos por cerca de 1.500 millones de dólares, recursos que permitirán alimentar las reservas del país y sostener la inversión social.

Recordó que Ecuador alcanzó acuerdos con el Fondo Monetario Internacional (FMI) por 4.200 millones de dólares, y que el monto de financiación de los multilaterales llegará a 10.200 millones a largo plazo y bajo interés.

El ministro también se refirió a las cifras del presupuesto fiscal y dijo que entre enero y abril de este año ese indicador registró un déficit global de 292 millones de dólares, una cifra menor a los 307 millones del mismo periodo de 2018.

Destacó que en el primer cuatrimestre de este año se registró un incremento de la cartera bruta de créditos del sector bancario que alcanzó los 24.186 millones de dólares, cuando en el mismo período de 2018 fue de 22.061 millones, lo que, según dijo, «es positivo porque gran parte de esos créditos se dirigen a actividades productivas».

Del mismo modo, dijo que hay un aumento en el rubro de depósitos bancarios, que pasó de los 30.497 millones en abril de 2018 a 31.756 millones en el mismo mes de este año, lo que supone un crecimiento del 4 por ciento.

No obstante, sectores sindicales y organizaciones sociales han criticado esa estrategia por considerar que sólo privilegia a los empresarios y perjudica a los trabajadores y al pueblo.

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