Garantías Constitucionales en la Carta de la Democracia
En la Constitución de la República de anteriores ediciones la Sección Segunda de las Garantías se refiere a la Familia y contiene preceptos importantísimos sobre matrimonio, maternidad, hijos ilegítimos, estableciendo que estos tienen los mismos derechos que los legítimos, en cuanto a crianza, educación y herencia, porque humana y cristianamente es odiosa toda discriminación, ya que en verdad solo existen hijos, así sin ninguna extravagante clasificación.
Los últimos incisos del artículo 142 de esa edición, inherentes a la familia, prescriben que “se garantizan la defensa de la salud física, mental y moral de la infancia y los derechos del niño a la educación y a la vida del hogar”.
“El Estado creará para los menores que carezcan de protección familiar o económica, condiciones adecuadas para su desarrollo”.
“En materia penal, los menores de edad están sometidos a una legislación especial y protectora y no punitiva”.
La Sección Tercera de las Garantías de la Constitución anterior, trata de la Educación y Cultura por vez primera en nuestra legislación. Había sido indispensable que transcurran 115 años para que despertemos y reaccionemos como seres pensantes y no como desdichados autómatas y campeones del instinto.
La sección enfoca aspectos medulares, comenzando por declarar que “la educación constituye una función del Estado”.
El artículo mencionado abarca aspectos eminentemente sociales y profundos. El inciso tercero proclama que “la educación oficial y particular tienen por objeto hacer del educando un elemento socialmente útil. Deben inspirarse en un espíritu democrático de ecuatorianidad y de solidaridad humana”.
El inciso cuarto da normas de acción, cuando prescribe que: “La educación pública debe tener unidad y cohesión en su proceso integral. Para ello se organizará de modo que exista una adecuada articulación y continuidad en todos sus grados. Empleará métodos que se fundamenten en la actividad del educando y desarrollen sus aptitudes, respetando su personalidad”.
Se establece que la educación oficial es laica y gratuita en todos sus grados. Ni el Estado ni las Municipalidades pueden subvencionar otra educación que ésta; pero los servicios sociales serán administrados, sin diferencia alguna, a todos los alumnos que los necesiten”.
Se aspira llegar con la cultura a las subcapas sociales, cuando se propugna que “en las escuelas establecidas en las zonas de predominante población india, se usará además del castellano, el quichua o la lengua aborigen respectiva”.
Se reafirma el concepto de autonomía universitaria mediante el precepto que dispone que “las Universidades son autónomas, conforme a la ley y atenderán de modo especial al estudio y resolución de los problemas nacionales y a la difusión de la cultura entre las clases populares. Para garantizar dicha autonomía, el Estado procurará la creación del patrimonio universitario”. (O)
