Embarazo adolescente le cuesta a Ecuador unos $270 millones al año

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A ello se suma que el Estado ecuatoriano deja de percibir 9,6 millones de dólares al año en ingresos fiscales. (Foto:andina.pe)

Quito, (EFE).- El embarazo adolescente le cuesta a Ecuador más de 270 millones de dólares anualmente, aseguró  a Efe el representante del Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia (Unicef), Joaquín González.

Basado en datos oficiales, aseveró que, en 2018, en Ecuador 6 niñas de entre 10 y 14 años dieron a luz cada día, así como 148 adolescentes de entre 15 y 19 años.

Ese mismo año, la gaceta sobre muerte materna del Ministerio de Salud Pública (MSP) señaló que hubo 154 decesos, entre ellos tres de niñas de entre 10 y 14 años, y 16 adolescentes.

Y si las cifras de embarazo adolescente ya son «preocupantes», González teme que hayan empeorado durante el confinamiento a causa de la covid-19, que ha obligado a muchas niñas y adolescentes a permanecer encerradas con sus victimarios.

Un estudio desarrollado por Unicef y el Fondo de Población de las Naciones Unidas, con el apoyo técnico del Ministerio de Salud, ha evidenciado que el embarazo adolescente representa un alto costo para el Estado por la atención sanitaria y la pérdida de oportunidades.

Según la investigación, los costos totales anuales debido al embarazo en la adolescencia y la maternidad temprana ascienden a cerca de 270 millones de dólares, equivalentes al 0,26 % del PIB nominal.

De esa cantidad, 187 millones de dólares están relacionados con el costo de oportunidad en la actividad productiva: inactividad laboral, desempleo y brecha de ingresos entre mujeres que tuvieron su bebé en la adolescencia y las que fueron madres en la edad adulta.

Los restantes 83 millones de dólares representan el costo sanitario para el Estado debido a los gastos de atención en salud por embarazo, parto y posparto en la adolescencia y la pérdida social o productiva por la mortalidad materna en adolescentes.


Con estos datos, la ONU quiere incidir en que el embarazo adolescente no es solo un problema de salud pública sino uno de violación de derechos, que tiene «grandes consecuencias económicas».

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