Deportación y extradición
Desde el punto jurídico vamos a ilustrar a nuestros lectores que es la deportación, este es un proceso administrativo por el cual un país expulsa a un extranjero por infringir las leyes migratorias, mientras que la extradición es un procedimiento judicial de cooperación internacional para entregar a una persona requerida por la justicia de otro Estado para ser juzgada o cumplir una condena penal. En el caso de José Serrano fue deportado, expulsado de los Estados Unidos, hoy está en el Ecuador, anteriormente existía una orden de prisión preventiva en su contra y ahora deberá responder ante la justicia del Ecuador, las acusaciones en su contra son gravísimas y deben ser investigadas con la seriedad que el caso requiere en el debido proceso y con derecho a la defensa.
Lamentablemente en la mayoría de los casos, quien ejerce demasiado tiempo el poder suele olvidar de donde vino, para qué llegó y sobre todo, que algún día tenía que irse. José Serrano fue uno de los hombres más poderosos del correísmo, fue ministro del interior, presidente de la Asamblea, ministro de energía entre otros cargos de alto relieve, figura central de un régimen, que hizo del poder lo que a bien quería; hoy a Serrano se le durmió el diablo. No hay nada que celebrar frente a un hombre de cabeza rapada, esposado y con traje naranja, eso sí, hay mucho sobre lo cual reflexionar. Las circunstancias se vuelven pertinentes, una pregunta incómoda: ¿qué ocurre cuando quienes administraron el poder, casi sin contrapesos, terminan obligados a comparecer ante la institucionalidad que alguna vez controlaron o pretendieron subordinar?. Indefectiblemente es hora de diferenciar entre justicia y venganza. La venganza busca humillar, la justicia debe esclarecer, la primera disfruta viendo caer al adversario, la segunda exige que responda bajo el imperio de la ley; por eso, una democracia decente no necesita escarnio, ni multitudes celebrando desgracias, necesita fiscales que investiguen, jueces independientes, pruebas suficientes, defensa efectiva y sentencias legítimas. Serrano no debe ser condenado por la opinión pública, tampoco absuelto por sus antiguos compañeros -prófugos y procesados- tiene derecho al debido proceso y conserva la presunción de inocencia mientras no exista sentencia ejecutoriada, eso es lo legal.
Entonces, queda el ciudadano frente a la ley, ahí reside la verdadera vinculación pública, no vendetta; la justicia debe demostrar que nadie debe de ser tan poderoso como para no responder de sus actos. La cárcel de un adversario jamás debería producir alegría en una sociedad civilizada, pero la posibilidad de que el “omnipotente” rinda cuentas, sí debería devolverle la esperanza, lamentablemente unos “revolucionarios” se creyeron eternos, y el verdadero fracaso fue que durante demasiado tiempo encontraron gente dispuesta a creerles. (O)
