Crisis arancelaria
Con el pronunciamiento de la secretaria general de la Comunidad Andina de Naciones CAN, definitivamente entro en terapia intensiva la relación comercial entre Ecuador y Colombia, causada por asuntos no económicos ni comerciales sino más bien políticos. La secretaria de la CAN ordena que en un plazo máximo de 10 días hábiles (hasta el 17 de mayo) que corren a partir del 8 de mayo, los aranceles y restricciones impuestas mutuamente desde febrero de este año, sean eliminados. En el caso ecuatoriano los aranceles gravados con el 100% y posteriormente 75% y para Colombia hasta el 75%.
A decir de la CAN la denominada tasa de seguridad creada por Ecuador para combatir a los grupos de delincuencia organizada que se movilizan en la frontera norte, seria mas bien una tasa ilegal porque no hay ninguna contraprestación de servicio alguno, por ello ordeno la eliminación total, fue declarado ilegal también la declaratoria de Ecuador de designar al puente internacional de Rumichaca como único paso formal de productos, servicios y personas, cabe mencionar que estas resoluciones de la Comunidad Andina son de cumplimiento obligatorio y vinculante por ser un tratado multinacional firmado en 1969 mediante el Acuerdo de Cartagena, por tanto, tiene supremacía sobre cualquier ley o decreto nacional, por ser de jerarquía supranacional.
Si al vencimiento del plazo descrito por la CAN y no haber dado cumplimiento los países, se activaría el Tribunal Andino de Justicia (TJCA) que tiene su sede permanente en Quito, para imponer sanciones comerciales a los dos países. La sentencia de la CAN además determina la devolución de los valores cobrados en exceso por la tasa ilegalmente impuesta, lo que le significaría unos 46 millones de dólares que Ecuador debe devolver a las empresas perjudicadas. En este contexto, el país podrá presentar un recurso de reconsideración ante la secretaria de la CAN, aduciendo no estar de acuerdo con el pronunciamiento y esperar la nueva respuesta de ratificación o rectificación.
Estas sanciones además de ser arancelarias y monetarias, también se convierten en castigos morales porque al final siendo un organismo multilateral de prestigio que enuncia, la inversión extranjera se podría ver en riesgo por este precedente que los inversores no necesariamente colombianos, entraran en nerviosismo por la decisión gubernamental, la inseguridad jurídica creada y hasta su persistencia y desacato podría llegar a la Organización Mundial del Comercio OMC. De manera nacional se llegaría a sanciones a funcionarios del Servicio Nacional de Aduanas del Ecuador SENAE. En todo esto, los grandes perdedores son los importadores y exportadores que han visto como disminuyen sus ventas, los comerciantes de los dos lados fronterizos que viven día a día del intercambio comercial formal y de las personas y sus familias que de seguro perderían sus empleos por esta situación, mientras los mandatarios siguen en esta posición. (O)
