Comisión interamericana / Fabricio Dávila Espinoza

Columnistas, Opinión


Dos documentos incómodos en quince días. Esta frase resume la actuación de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) en el último día del 2019 y lo que va del primer mes del 2020.

Para empezar, el 31 de diciembre, la CIDH solicitó al Ecuador medidas cautelares en favor de Jorge Glas, sentenciado y detenido en la cárcel de Latacunga. La razón prioritaria concurriría en la protección de los derechos a la vida e integridad personal del exvicepresidente. El plazo límite para su cumplimiento venció el 15 de enero. La situación de Glas no ha cambiado hasta el día de hoy.

En segundo lugar, a 24 horas de este vencimiento, la misma CIDH hizo público un informe sobre los hechos ocurridos durante las protestas de octubre pasado, con 11 recomendaciones para el Estado ecuatoriano. Entre otras cosas, dice que en “determinadas circunstancias, grupos de manifestantes provocaron graves desmanes”, “atacando infraestructuras críticas, reteniendo a miembros de la fuerza policial, arrojando piedras y objetos contundentes contra la policía, protagonizando saqueos y otros tipos de agresiones, inclusive contra la prensa”. No queda dudas que así fue. La violencia de los protestantes y la respuesta de los uniformados provocó muerte y destrucción. Pero, también los comisionados creen que en la “actuación de las fuerzas de seguridad”, no se tomaron en cuenta “los protocolos interamericanos e internacionales”.

La reacción fue inmediata, María Romo, Ministra de Gobierno criticada por su manejo de la crisis, calificó de “sesgado” el informe y se “sorprende” de la postura de la Comisión. A su criterio, “el Estado no es responsable de la pérdida de vidas humanas y no todas las personas que perdieron la vida son indígenas”. Señora ministra, el derecho a la vida no depende de la raza, etnia o grupo social. Este derecho es universal. También, criticó a la CIDH por haberse “olvidado de quienes fueron sus principales verdugos”. Al parecer, el fantasma de Correa sigue rondando el palacio presidencial.

La CIDH pone en una situación difícil a los funcionarios que celebrarían la liberación de Glas o que por lo menos sea trasladado a una cárcel más cómoda. Pero, sería demasiado evidente aceptar las medidas cautelares y al mismo tiempo rechazar el informe sobre los hechos de octubre. Por ahora, más vale decir que el informe está sesgado. (O)

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