Cobros escolares, el límite de la autogestión
La polémica por los cobros de cuotas en una institución educativa se profundiza al conocerse los detalles de la denuncia presentada por un padre de familia ante la opacidad en el manejo de los recursos. La preocupación surge, en particular, por la elevación de las tarifas solicitadas por el Comité de Padres de Familia. A pesar de los esfuerzos por «colaborar por los hijos», la comunidad de padres exige garantías de que sus contribuciones se utilicen de manera efectiva.
El eje central del conflicto es la ausencia de un proceso de fiscalización claro para el Comité de Padres, que parece operar sin una auditoría externa o un mecanismo de rendición de cuentas directa a cada familia. El padre, con experiencia previa en el comité, cuestiona por qué ni las autoridades del colegio ni las entidades externas han intervenido para asegurar la transparencia.
Respecto a la vía legal para la denuncia, la Coordinación Zonal 3 de Educación aclaró, que el Acuerdo Ministerial Mineduc-Mineduc-2023-0075-A permite a los comités promover acciones de autogestión, pero solo de forma voluntaria y con el fin de obtener recursos para equipamiento, mobiliario, fondo bibliográfico o infraestructura. Si se llegara a confirmar un cobro obligatorio por parte de una autoridad o docente, se activarían inmediatamente los procedimientos legales establecidos en la Ley Orgánica de Educación Intercultural (LOEI) y su reglamento.
Finalmente, la autoridad educativa confirmó que, en lo que va del año lectivo, la provincia de Tungurahua ha recibido y resuelto dos denuncias formales por cobros a padres de familia. Ambas denuncias, manejadas por las Juntas de Resolución de Conflictos, culminaron con una resolución sancionadora tras el análisis de los indicios y las evidencias presentadas.
La exigencia de este padre de familia, que resuena con el malestar de otros, es clara: se requiere un informe detallado de ingresos y egresos para que todos los padres conozcan el destino final de sus aportes, garantizando la probidad en la gestión de fondos comunitarios que son sustanciales. (I)
