Caso Filanbanco / Fabricio Dávila Espinoza

Columnistas, Opinión

La Corte Nacional, el año pasado, reabrió la novela de Filanbanco. Los jueces Rivera y Camacho, declararon procedente un recurso presentado por la defensa de los exdueños de esta entidad financiera. Ahora, ellos reclaman una millonaria suma y hasta pretenden recibir, como parte de pago, los mismos bienes de los que antes fueron privados.

La presidencia de Sixto Durán marcó el inicio del salvataje bancario. La Ley General de Instituciones Financieras (1994) habilitó al Banco Central del Ecuador (BCE), para que realice préstamos a los bancos con problemas de liquidez. El Banco Continental fue el primero en recibir dinero para evitar su quiebra, que al final fue inevitable. A partir de esa fecha, sucedieron varios hechos que desataron la peor crisis económica que se recuerda en el país y de la que muchos ecuatorianos nunca pudieron recuperarse.

En 1998, el BCE entregó los primeros créditos a Filanbanco, para evitar su colapso. Poco después, la Agencia de Garantía de Depósitos (AGD), creada con el objetivo de inyectar capital a las entidades financieras en dificultades, resolvió que el mayor banco del país, de ese momento, pase a manos del Estado. Los Isaís, según se determinó en el debido proceso, mantuvieron una contabilidad irregular, en la que no se reportó el manejo de los recursos que el Estado les otorgó. El año 2000 fueron llamados a juicio, pero ellos, como sucede en estos casos, abandonaron el territorio nacional la víspera de caer en manos de la justicia.

Filanbanco, tras su fusión con otra entidad bancaria en apuros, La Previsora, bajo administración estatal, cerró sus puertas en el 2002, durante el gobierno de Gustavo Noboa. La historia continuó con la incautación de los bienes de la familia Isaías a inicios del mandato de Rafael Correa. Finalmente, la Asamblea Constituyente de Montecristi, del 2008, con el Mandato 13, ratificó la legalidad del embargo. No obstante, 10 años después, la Sala Especializada Penal de la Corte Provincial de Justicia del Guayas, prohibió vender o enajenar estas propiedades sustentándose en una observación del Comité de Derechos Humanos de la ONU.

Ahora que los hermanos Isaías están libres de toda culpa, demandan al BCE, a la Superintendencia de Bancos y a la Secretaría de Gestión Técnica Inmobiliar con el afán de recibir no menos de 2000 millones. Mientras, aún había personas esperando recuperar sus ahorros. Otros ciudadanos afectados dejaron este mundo sin hacerlo. En el país donde todo es posible, no hay dudas de que esta demanda podría prosperar.

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