Big money / Fabricio Dávila Espinoza

Columnistas, Opinión

La “plataforma” que captaba dinero en la ciudad Quevedo, con un RUC habilitado para reparación de electrodomésticos, es un negocio ilegalmente seductor que revive una vieja y dolorosa historia. 

El 26 de octubre del 2005, tras el fallecimiento del notario segundo de Machala, se volvió noticia nacional un secreto que todos conocían, menos las autoridades de control del Estado. Este funcionario, por muchos años, convirtió en ventanilla de cobros su oficina, para recibir dinero a cambio de intereses tentadoramente atractivos. Pero, su inesperada partida y el inmediato abandono del país de sus familiares cercanos marcaron el inicio de un escándalo de proporciones impensadas. 

Difícilmente se podrá conocer el número de afectados.  Sin embargo, el negocio contó con 35 mil depositantes aproximadamente, entre jueces, políticos, policías, militares y hasta banqueros. Más de un ciudadano vació sus cuentas bancarias, realizó préstamos o vendió bienes para ingresar en la pirámide. El propósito era pasar el día sin sobresaltos, incrementar el patrimonio o dejar el trabajo y sólo vivir de los intereses. 

Las pirámides responden a un esquema fraudulento, montado con un modelo de negocio que logra sostenerse temporalmente gracias al crecimiento vertiginoso de depositantes. El impulso inicial se multiplica gracias al testimonio de los primeros clientes. Ellos cuentan con cara de felicidad como crece su dinero y esta experiencia motiva a nuevos inversores. La estructura resulta viable mientras hay una cantidad suficiente de dinero fresco ingresando al sistema. Cuando cambian estas condiciones, llega el inevitable punto de saturación, es decir, el momento en que los ingresos no son suficientes para cubrir los egresos. Entonces, los últimos depositantes que se encuentran en el sistema pierden su capital y de los intereses, ni hablar. 

La actual pandemia promovió un sinnúmero de emprendimientos. Big money no quiere ser la excepción. Don Naza, su fundador, niega cualquier ilegalidad y afirma que las autoridades intentan decomisar el dinero y que no lo permitirá. La Superintendencia de Bancos, por su parte, señala que empresas de este tipo carecen de legalidad, según el Código Orgánico Integral Penal (art. 323) y que sus autores pueden enfrentar una condena de hasta siete años de cárcel.

En este nuevo caso, hay muchos detalles que resultan inauditos: los depositantes no dejan de confiar en la entidad financiera ilícita; algunos ciudadanos realizan plantones o marchas y se enfrentan a la policía para respaldar a Don Naza, de quien se desconoce su paradero y las autoridades aún actúan con tibieza. Talvez, cuando todos reaccionen, sea misteriosamente tarde. (O)

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