Comentario impopular
Este artículo será impopular y no agradará a muchos lectores. Aun así, vale la pena escribirlo, porque estamos confundiendo investigación con culpabilidad y prisión preventiva con condena. El juicio, para muchos, termina antes que hablen los jueces.
En el “Nuevo Ecuador” nos estamos acostumbrando a ver la justicia como un espectáculo. Los allanamientos transmitidos en directo, donde generan más comentarios las pijamas de los involucrados que los delitos investigados; las audiencias convertidas en noticia de última hora; las fotografías de los procesados con uniforme carcelario… Todo parece suficiente para que la opinión pública dicte una sentencia anticipada. Poco importa que la investigación, apenas comience.
El caso del alcalde de Guayaquil, Aquiles Álvarez, ilustra esta realidad. Hoy enfrenta tres procesos penales. La Fiscalía sostiene que existen elementos suficientes para ser llevado a juicio. No obstante, hasta el momento no pesa sobre él una sentencia condenatoria ejecutoriada. Jurídicamente, continúa amparado por la presunción de inocencia.
A pesar de ello, permanece privado de libertad en la Cárcel del Encuentro, un centro de máxima seguridad, compartiendo las condiciones del sistema penitenciario con personas que cumplen condenas firmes.
La tesis de este artículo no consiste en defender su inocencia ni en anticipar su culpabilidad. Esa es tarea exclusiva de la justicia. La inquietud es otra: ¿Por qué algunos investigados son huéspedes de la cárcel de máxima seguridad mientras otros, incluso con condenas por corrupción, permanecen durante años en establecimientos con condiciones mucho más favorables? El caso de Daniel Salcedo y de otros personajes de alto perfil recluidos en la llamada Cárcel 4 alimenta esa percepción de desigualdad de la justicia.
A esta realidad se suman actualmente los alcaldes de Machala, Esmeraldas, Jipijapa y Pujilí, todos sometidos a procesos penales, todos proclamando su inocencia y todos denunciando persecución política. No todos en la Cárcel del Encuentro. La culpabilidad deberá demostrarla la Fiscalía; lo contrario, cuando corresponda, será reconocido por los jueces. Ese es el fundamento de un Estado de derecho.
La justicia pierde legitimidad si cambia de rostro según el apellido, el cargo público o la coyuntura política. No puede haber castigos para unos y privilegios para otros, ni condenas dictadas desde una rueda de prensa o amplificadas por las redes sociales. El día que la presunción de inocencia dependa del aplauso o rechazo de la opinión pública, cualquiera puede ser condenado antes de ser juzgado. (O)
