Porcentaje y representatividad
La representación política es el mecanismo democrático mediante el cual los ciudadanos eligen a sus autoridades para que actúen en su nombre. El porcentaje de votos determina la capacidad de convocatoria y el nivel de poder de cada organización para transformar el apoyo popular en autoridades electas.
A nivel seccional, en prefectos y alcaldes, la legitimidad de ganar con menos del 50% de los votos, es política y socialmente cuestionada por la debilidad del respaldo popular; significa que la mayoría de votantes prefirió otras opciones. Esta mayoría simple, del sistema multipartidista del país, está escrito en la ley; sin importar necesariamente si es justo. En la práctica, ha puesto alcaldes y prefectos que “triunfan” con menos del 35% de votos. Pero no es justa, ética, ni moralmente aceptada por la sociedad. Un acto es legítimo cuando tiene el respaldo de la razón y la equidad, independientemente de si cuenta con un documento.
Toda representatividad legal es formal; y lo formal es parte de la moralidad personal e institucional. Pero se lavan las manos, cuando imponen “las reglas del juego democrático” aceptando un ganador, sin importar el bajo porcentaje, como un “deber moral para preservar la paz social y el orden democrático”. Bárbaro. La “Teoría del voto moral” de Héctor Gutiérrez, investigador de la Universidad Autónoma de Querétaro, dice que “…las personas creen que deberían votar de acuerdo al esquema racional, pero con fines colectivos…”. Superar la mitad de los votos válidos, demostraría que el candidato cuenta con respaldo mayoritario de la sociedad, lo que valida su gobernabilidad.
Para la ciudad y provincia, existen 10 candidatos para alcalde y 7 para prefecto; no es difícil calcular que la dispersión del voto, va a ser amplio y volveremos a posesionar autoridades con débil respaldo popular. Esta penosa realidad, obliga una reforma a las leyes electorales para insertar la figura de “segunda vuelta” en los comicios seccionales con los candidatos más votados; esta es la primera de las doce propuestas que la Corporación Participación Ciudadana (PC) y un grupo promotor integrado por abogados, economistas y políticos plantean a la Asamblea Nacional como reformas electorales para ser incorporadas en el Código de la Democracia.
Muchos candidatos se opondrán y apelarán a que ello significa más gastos. ¿Acaso la falta de agilidad y eficiencia administrativa por las pugnas internas, no son también onerosas? Un proceso que ayuda a fortalecer la democracia, debe ser considerado como inversión y no como gasto.
Cada elección, es una sorpresa. O no sabemos elegir bien; o son los candidatos los que no sintonizan con las aspiraciones de la gente; o estamos hastiados de procesos eleccionarios en donde abunda una ignorancia política y ciudadana de alto calibre. Así con autoridades sin respaldo mayoritario no hay una adecuada gestión por la carencia de liderazgo. Esta crisis de legitimidad en gobiernos seccionales débiles, los lleva a formar coaliciones de conveniencia, algunas resultan en expectativas nefastas por el reparto del poder y acomodos políticos; cuestionados duramente, pero vean si les importa. Y por allí van, campantes, sonrientes, creyendo que las obras de última hora borran el recuerdo de una larga ausencia de gestión y abandono administrativo. (O)
