La nueva administración municipal y el transporte
La administración de la alcaldesa Diana Caiza, en su etapa consolidada tras las elecciones de 2023, enfrenta un panorama complejo marcado por demandas ciudadanas y situaciones de compleja resolución. Los últimos meses revelan que uno de los frentes más urgentes y visibles es el del transporte público urbano y rural, un sector que concentra tensiones económicas, operativas y sociales que ponen a prueba la capacidad de diálogo y ejecución del Municipio.
El reciente paro parcial de transportistas a inicios de junio de 2026 desnudó la fragilidad del sistema. Conductores y cooperativas exigían revisión de la tarifa (fijada en 0,30 centavos), argumentando el alza sostenida de combustibles, repuestos, mantenimiento de flotas y los efectos residuales de la pandemia. La racionalización del servicio generó congestión, abusos en precios alternativos por camionetas informales y malestar generalizado entre usuarios. Tras negociaciones tensas, se alcanzó un acuerdo: el pasaje se mantiene temporalmente, pero el Municipio se comprometió a entregar una compensación de 700 dólares en combustible por seis meses y a socializar una posible actualización tarifaria en el Concejo Cantonal.
Este episodio no es aislado. Los transportistas enfrentan costos operativos que erosionan sus márgenes, mientras la ciudad lidia con flotas envejecidas, rutas ineficientes y una demanda creciente por expansión urbana. La administración debe abordar la modernización del transporte: renovación de unidades con criterios ambientales, implementación de un sistema integrado de rutas y tarifas, y mayor fiscalización contra el transporte informal. Al mismo tiempo, debe proteger el bolsillo de los usuarios, muchos de ellos de bajos ingresos, en una ciudad donde el transporte público es esencial para la movilidad diaria, sin que existan alternativas como el caso de Quito, Guayaquil o Cuenca.
La alcaldesa Caiza ha impulsado una narrativa de “hechos no palabras” y rendición de cuentas. Sin embargo, la sostenibilidad de su gestión dependerá de su habilidad para convertir conflictos como el del transporte en oportunidades de transformación. Requiere diálogo permanente con gremios, estudios técnicos rigurosos para justificar ajustes tarifarios y un plan integral de movilidad que incluya alternativas como ciclovías, peatonalización y transporte no motorizado.
Ambato, como una ciudad pujante y comercial, no puede permitirse un transporte colapsado. La nueva administración -en realidad, la consolidación de un proyecto en curso- tiene ante sí la tarea de equilibrar viabilidad económica del sector, calidad del servicio y equidad social. El éxito en este frente definirá no solo la movilidad diaria, sino la credibilidad de una gestión que se presenta como inclusiva y cercana a la gente. El tiempo apremia: de la capacidad de respuesta dependerá que Ambato avance hacia una “nueva historia” real o quede atrapada en los mismos nudos de siempre.
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