Suspenden debate sobre compensación económica al transporte

 

La propuesta de resolución para otorgar una compensación económica de 700 dólares mensuales a cada unidad de transporte urbano y rural de Ambato quedó en suspenso luego de más de dos horas y media de debate durante una sesión extraordinaria del Concejo Cantona, anoche. La alcaldesa Diana Caiza dispuso la suspensión del tratamiento del punto hasta contar con un pronunciamiento de la Procuraduría General del Estado, solicitado por varios concejales ante las dudas jurídicas planteadas sobre la legalidad de la medida.

Durante su intervención, la alcaldesa destacó que la propuesta presentada por la administración municipal fue elaborada con sustento técnico y jurídico con el objetivo de generar un alivio económico para la ciudadanía y evitar nuevas afectaciones en el servicio de transporte público. Señaló que el análisis debe realizarse con responsabilidad y alejado de intereses políticos, priorizando el bienestar de niños, jóvenes, adultos mayores y de toda la población ambateña.

Caiza recordó que la iniciativa surgió tras varias mesas técnicas desarrolladas entre la Dirección de Movilidad y los representantes del gremio transportista. Sin embargo, acogió el pedido formulado por varios ediles para solicitar un criterio a la Procuraduría General del Estado antes de continuar con la votación de la propuesta.

Entre los pronunciamientos, el concejal Alex Valladares cuestionó la resolución al considerar que carece de suficiente sustento jurídico y aseguró que la crisis del transporte es consecuencia de la falta de liderazgo de la administración municipal. En la misma línea, la concejal Eliana Rivera respaldó la consulta a la Procuraduría para evitar posibles glosas o sanciones contra los concejales y solicitó conocer la partida presupuestaria de donde saldrían los recursos para financiar la compensación.

Por su parte, el concejal Gonzalo Callejas exhortó a acelerar la socialización de la ordenanza para la actualización de las tarifas del transporte público y que esta sea tratada en segundo y definitivo debate. Mientras tanto, la concejal Patricia Shaca criticó la propuesta al considerar que representaría la entrega de cerca de dos millones de dólares de recursos públicos a operadores privados, cuestionando que existan fondos para compensaciones mientras persisten necesidades de inversión en obras.

La concejal Anabel Pérez insistió en que el Concejo Municipal no tiene competencias para otorgar subsidios y calificó la resolución como ilegal. En contraste, el concejal Carlos Ibarra pidió dejar de lado los discursos políticos y buscar soluciones para evitar una nueva paralización del transporte, señalando que durante los cuatro días de racionalización se registraron pérdidas económicas estimadas en 1,6 millones de dólares para la ciudad.

En representación del sector transportista intervino en silla vacía Manuel Escobar, quien aseguró que las operadoras trabajan a pérdida debido al incremento del precio del diésel desde el 2023. Explicó que el costo para llenar un tanque pasó de 30,65 dólares a 92,26 dólares y sostuvo que la compensación propuesta tiene respaldo en la Ley de Tránsito.

A su vez, el procurador síndico municipal, Mario Aguilar, manifestó que existen fundamentos legales relacionados con la seguridad jurídica contemplados en la normativa de tránsito que permitirían la entrega de compensaciones a las operadoras. Desde el área financiera municipal se informó que los recursos para cubrir la propuesta provendrían de la devolución de multas e intereses generados por el noveno fotosensor.

Tras la suspensión de la sesión, los dirigentes del transporte evitaron pronunciarse públicamente y anunciaron reuniones internas para definir las acciones que adoptarán en los próximos días. La resolución permanecerá pendiente hasta que se conozca el criterio oficial de la Procuraduría General del Estado.(I)