El TLC y el alza de combustibles

El caos se define como un estado de confusión, desorden extremo o falta de organización. Pero, ¿el caos puede generarse impulsando procesos que únicamente beneficien a unos pocos, excluyendo a las mayorías?

En Ecuador —que, como siempre insisto, es uno de los diecisiete países megadiversos del mundo— la Naturaleza tiene derechos. Sí, pero… ¿qué significa realmente eso? Significa que los ecosistemas —ríos, páramos, mares, bosques, montañas y seres vivos— poseen el derecho legal a existir, mantenerse y regenerarse por sí mismos. Ya no se los considera únicamente una propiedad o un simple “recurso”, sino entidades vivas con protección jurídica propia.

Actualmente, en Ecuador existe la posibilidad de ratificar próximamente el Tratado de Libre Comercio (TLC), entre Canadá y nuestro país. Esta negociación se encuentra en su fase final, tras superar seis rondas de negociaciones y la revisión constitucional de nuestras normativas vigentes. En teoría, la firma definitiva del acuerdo estaría prevista para el transcurso del primer semestre del año 2026.

Entre las ventajas que se plantean en caso de que la soberanía del Ecuador —radicada en el pueblo— permita ratificar este Tratado de Libre Comercio, se mencionan beneficios arancelarios para ciertos productos ecuatorianos, alrededor de 2.000, tales como banano, camarón y flores, que ingresarían al mercado canadiense con un arancel del 0 %. También se habla de una supuesta integración inclusiva, incorporando “modernas normativas” sobre comercio digital y brindando, en teoría, apoyo a las pequeñas y medianas empresas.

Sin embargo, las preocupaciones sociales sobre las posibles desventajas de este Tratado de Libre Comercio son profundas. Existen riesgos relacionados con una eventual pérdida de soberanía jurídica, considerando que el acuerdo incluiría mecanismos de arbitraje internacional que permitirían a grandes corporaciones canadienses —especialmente mineras— demandar al Estado ecuatoriano si las leyes locales, los derechos de la Naturaleza, las consultas populares previas o las decisiones comunitarias organizadas llegaran a frenar sus megaproyectos extractivistas en nuestros territorios.

Preocupa también la enorme asimetría industrial y agrícola entre ambos países. Los pequeños productores ecuatorianos podrían enfrentarse a una desventaja competitiva real frente a la tecnificación e industria canadiense, elevando el riesgo de quiebras y desempleo local.

Y, sobre todo, inquieta el trato que el gobierno pueda otorgar a las inversiones canadienses en materia minera por encima de la protección de páramos, fuentes de agua, bosques y ecosistemas en general, omitiendo procesos fundamentales como los derechos de la Naturaleza y las consultas previas.

Todo esto, además, ocurre en medio de negociaciones mantenidas “a puerta cerrada”, sin participación ciudadana efectiva ni el consenso democrático que el pueblo merece.

Dentro de este panorama ya bastante preocupante, surge también el tema del alza de combustibles. Se argumenta que el incremento responde al aumento del precio del petróleo debido a la tensión en el estrecho de Ormuz y a los conflictos bélicos internacionales. Pero, si Ecuador no tiene un vínculo directo con ese estrecho, ¿por qué el combustible sube de forma tan drástica en nuestro país?

¿Existen realmente explicaciones claras para un pueblo que, muchas veces, vive abatido por la confusión y la falta de transparencia en la información?