Migración silenciosa y violencia

Columnistas, Opinión

El crimen se ha convertido en parte de la vida cotidiana del Ecuador. Hoy esta realidad forma parte de las noticias de todos los días y ha empezado a cambiar no solo la percepción de seguridad de las personas, sino también la forma en que viven, trabajan y deciden dónde construir su futuro.

En este sentido, un tema del que se habla poco en la actualidad es la migración de personas que se da como resultado de la inseguridad y la criminalidad que vive el país. Hoy muchas familias dejan sus hogares, comerciantes cierran negocios y padres buscan otros lugares para criar a sus hijos, escapando del miedo constante, del reclutamiento forzoso y del acoso de las bandas criminales.

Para 2024, según la Defensoría del Pueblo, 80.747 personas dejaron sus hogares por motivos relacionados directamente con la violencia y la criminalidad. Estas personas salen principalmente de provincias como Guayas, Manabí y El Oro hacia ciudades de Pichincha y Cotopaxi.

Este desplazamiento interno es el reflejo de la compleja situación de seguridad que presenta el país. Aunque el Gobierno logró que en 2025 los casos de extorsión se redujeran a 16.131 frente a los 23.080 registrados en 2024, el crecimiento del fenómeno sigue siendo alarmante si se compara con los apenas 1.616 casos reportados en 2019. La violencia ya no afecta únicamente la tranquilidad de las familias; empieza también a modificar la distribución poblacional y económica del Ecuador.

Quienes migran buscan volver a vivir y progresar en sus nuevos hogares. Muchas de estas personas llegan a otras ciudades tratando de encontrar empleo, abrir pequeños negocios y reconstruir la estabilidad que perdieron por la violencia. Con su trabajo mueven las economías locales aumentando la demanda de vivienda, educación, transporte y servicios en las ciudades receptoras.

Sin embargo, este sigue siendo un problema que el Estado todavía no asume plenamente. El desplazamiento interno provocado por la violencia recibe poca atención pública y prácticamente no existen programas específicos de apoyo para las familias que abandonan sus hogares por amenazas, extorsiones o miedo. Mientras miles de ecuatorianos intentan empezar de nuevo lejos de sus ciudades, el país aún no reconoce del todo que detrás de la crisis de seguridad existe también una profunda crisis humana, social y económica. (O)

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